La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 exmilitares, tres de ellos generales, por la muerte de 604 personas en Costa Caribe presentadas como «bajas en combate».

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha investigado 96 muertes registradas por el Ejército como resultados operacionales, y concluye que «el 76% de las bajas en combate analizadas, reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008, fueron falsas»

Entre las víctimas se incluyen 31 indígenas, 26 menores y una mujer embarazada. Hasta el momento, solo los cuerpos de 14 de las víctimas han sido entregados de manera digna, mientras que aún hay 122 víctimas sin identificar.

La JEP ha documentado, además, que los militares mataron a otras 13 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate antes de 2002 o después de 2008.

El grupo de imputados lo componen tres generales, dos comandantes, siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, entre otros oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

La JEP les acusa de «crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidios de personas protegidas, desaparición forzada y tortura de manera sistemática y a gran escala» en los siete departamentos que forma parte de la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Los 28 imputados se enfrentan a un juicio que podrá condenarles a hasta 20 años de cárcel.