Cani Fernández, presidenta de la comisión española de mercados y competencia (CNMC), señaló ayer que el supervisor ha iniciado ya la tramitación de un expediente informativo para poder reconstruir lo ocurrido en el colapso energético del pasado 28 de abril y recordó que si se deducen infracciones graves o muy graves las sanciones pueden llegar hasta los 60 millones de euros.

«Hemos iniciado la tramitación de un expediente informativo y estamos recopilando toda la información que consideramos necesaria para poder reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente», señaló Fernández en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados donde compareció ayer para explicar los trabajos realizados por el regulador tras el apagón generalizado en la península ibérica el pasado 28 de abril.

Fernández explicó que un expediente informativo les permite requerir información a cualquier sujeto, pedir información a las administraciones competentes, realizar inspecciones y obtener todos esos primeros elementos de análisis que les van a permitir proceder en estos momentos en relación con el incidente. En este sentido, ya han cursado requerimientos de datos y de información.

Fernández confirmó que sin perjuicio de las investigaciones en las que participan, la CNMC realizará su propia inspección como regulador independiente. A partir de ese trabajo en curso se podrán derivar dos vías de actuación. Si de la investigación previa se deducen infracciones graves o muy graves incoarán los expedientes sancionadores correspondientes. «Nuestro régimen sancionador llega hasta los 60 millones de euros, con una herramienta que es proporcional a la gravedad potencial de los incumplimientos y que garantiza la capacidad disuasoria de nuestras actuaciones», apuntó. Además, dijo que también cuentan con la posibilidad de imposición de acciones accesorias, como por ejemplo la inhabilitación o la pérdida de autorización administrativa.

En segundo lugar, la presidenta de la CNMC explicó que elaborarán un informe con las conclusiones, recomendaciones y propuestas que consideren oportunas una vez que se examinen los hechos, que podrá no limitarse al ámbito eléctrico.

Fernández recordó que el incidente afectó «gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios esenciales que también son de nuestra competencia y por ello abordaremos la cuestión tomando en consideración también en lo que resulte procedente esta perspectiva multisectorial».

Respecto al ámbito de protección de los consumidores y de la competencia, Fernández explicó que se están estudiando ya y valorando los ajustes en la facturación donde faltó la telemedida y qué excepciones se deben aplicar a las penalizaciones del balance en el sector del gas, porque no se produjeron por una actuación normal de los generadores. Asimismo, apuntó que el supervisor, desde el primer momento, ha realizado un seguimiento del incidente.