Voces demandan un cambio cultural y normativo
Personas migrantes, excluidas sociales y vecindario de centros históricos como el de Bilbo afectados por el auge turístico se enfrentan al problema del acceso a la vivienda. Con sus matices, demandan un cambio cultural y normativo para dar una respuesta eficaz que evite situaciones como las que soportan amplios sectores en la actualidad.

Agentes que trabajan con personas excluidas y migrantes, junto con un representante de la asociación vecinal del Casco Viejo bilbaino, expusieron ayer en la capital vizcaina la realidad a la que se enfrentan ante la problemática residencial que las propias instituciones públicas admiten. Los tres ponentes demandaron un cambio cultural y normativo para responder a las carencias que a diario sufre parte de la sociedad vasca.
‘‘Otras miradas sobre el problema de la vivienda’’ fue el título del panel en que participaron Iraide Fernández, del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi; Joseba Gaya, de Cáritas; y Eritz Mendizabal, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo, que cerró una intensa jornada sobre ‘‘La problemática de la vivienda en el País Vasco: presente y futuro’’.
A grandes rasgos, Fernández desgranó la realidad que afrontan las personas de origen extranjero en la búsqueda de una vivienda. La investigadora de Ikuspegi precisó que se trata de un colectivo «heterogéneo», en el que el 72% -principalmente por razones económicas- se inclina por el alquiler, aunque no lo tienen fácil en un mercado inmobiliario hostil hacia la cada vez mayor población migrante. Lo definió como «escaso, malo y caro».
Tomando como base los estudios que existen, la socióloga desveló que las personas de origen chino son las que más optan por la propiedad, siguiendo los usos predominantes en la CAV, en sintonía con una situación laboral más asentada y mayores recursos económicos. En el extremo contrario, están los extranjeros de origen africano, tanto magrebíes como senegaleses, por citar dos procedencias.
Las condiciones de acceso a un alquiler formal son complicadas, lo que trae como consecuencia que crezca el subarriendo en viviendas en las que sus moradores malviven hacinados. Es lo habitual en el caso de pisos donde residen africanos, con carencias en las instalaciones que se les ofrecen y en barrios con entornos conflictivos que les estigmatizan aún más.
La profesora de la UPV-EHU incidió en la realidad que existe en torno al derecho al padrón, donde se hace negocio con esa vía que da acceso a prestaciones por el pago de 50 a 100 euros.
Un aspecto que preocupa es la discriminación que existe a la hora de acceder a un alquiler formal, tal y como constatan los propios estudios oficiales y otros de organizaciones como Zehar o SOS Racismo. Los propietarios no quieren arrendar a extranjeros y muchas de las personas optan por valerse del «amigo vasco» para lograr el contrato que si no se les negaría.
Pero los y las migrantes -la realidad de las mujeres aún es más complicada- no son los únicos arrojados a la exclusión residencial. Lo dejó claro Joseba Gaya, de Cáritas Bizkaia, que explicó cómo diferentes reformas legislativas han ido apartando a muchas personas pobres, que percibían la RGI y convivían en una misma vivienda. Con los cambios introducidos por el Ejecutivo de Lakua en 2012, cuando era consejera Gemma Zabaleta, no pueden ser más de dos, indicó.
Gaya expuso los problemas a los que se enfrentan hombres de entre 50 y 60 años, que malviven gracias a las prestaciones, que tienen dificultades para comunicarse porque desconocen el idioma y muchos con adicciones y enfermedades mentales.
En el caso del sinhogarismo femenino, Gaya alertó de que muchas mujeres consiguen escapar de estar en la calle a costa de sufrir situaciones de agresión sexual continuada.
Muchas de esas personas residían en pequeñas pensiones que, en el caso de Bilbo, como luego confirmó el vecino del Casco Viejo Eritz Mendizabal, se han transformado en alojamientos turísticos.
El representante de la organización ligada a la Iglesia católica admitió que es difícil combatir esa realidad, recordando que ellos pusieron en marcha hace más de 15 años un proyecto para acabar con la exclusión residencial que no ha logrado consolidarse.
CONECTAR LOS SISTEMAS ASISTENCIALES
Joseba Gaya solicitó a los diversos sistemas asistenciales que se conecten para responder y se trabaje en políticas a largo plazo, como el Pacto Social de Vivienda. Además, reclamó un sistema normativo coordinado que atienda a personas que han emprendido proceso de integración social y que, después de estar bajo el amparo de colectivos del Tercer Sector, no pueden completar el proceso de inclusión.
Otra realidad bien distinta es la que tienen ante sí las 7.296 personas empadronadas en el Casco Viejo bilbaino, con 3.334 camas turísticas. Eritz Mendizabal, de la asociación vecinal Bihotzean, defendió que la regulación de esos alojamientos «ha llegado tarde», a la vista de los datos. Su apuesta es que la oferta disminuya, aunque confesó que no es muy optimista partiendo de que el sector no piensa más que en crecer.
Reiteró su tesis de que las limitaciones a los pisos turísticos han llegado tarde, aportando el dato de que, en 2024, antes del cambio normativo en el Ayuntamiento de Bilbo, creció un 35,4% la petición de licencias.
Mendizabal manifestó que el proceso de expulsión de las y los vecinos del centro histórico empezó hace más de siete años con el fomento de un modelo de ciudad orientado al turismo desde las administraciones. Criticó que la «campaña de marketing» para que gestores de alojamientos turísticos y grupos empresariales de hostelería hagan negocio se ha pagado con dinero público.
Explicó que en Alde Zaharra hay registradas 182 viviendas y 68 habitaciones turísticas, además de 29 hoteles, en edificios que antes eran residenciales.
Ese negocio ha hecho que la oferta de alquileres sea mínima. Aportó el dato de que con una ocupación de 118 días, un piso turístico es más rentable que un alquiler convencional. Esa realidad del mercado, insistió, hace imposible que muchas personas puedan afrontar una subida del alquiler de 1.000 a 1.400 euros.
ALDAKETAK ESKATU DITUZTE BILBON
Baztertutako pertsonekin eta migratzaileekin lan egiten duten zenbait eragilek, Bilboko Alde Zaharreko auzo elkarteko ordezkari batekin batera, erakunde publikoek ere onartzen duten bizitegi arazoaren aurrean duten errealitatea azaldu zuten atzo. Hizlariek kultura eta arau aldaketa eskatu zuten, euskal gizarteak egunero pairatzen dituen gabeziei erantzuteko. ‘‘Etxebizitzaren arazoari buruzko beste begirada batzuk’’ izan da Iraide Fernandezek, Joseba Gayak eta Eritz Mendizabalek parte hartu zuten solasaldiaren izenburua.
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