El Gobierno de Nafarroa declaró ayer oficialmente 21 municipios como zona tensionada de vivienda, lo que abre definitivamente las puertas para que el Ministerio estatal ratifique esa calificación a través del BOE y puedan limitarse los precios del alquiler. Si los cálculos trasladados ayer por la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, son correctos, esto ocurrirá en julio. De forma paralela, Donostia se convirtió la semana pasada en la primera capital vasca en llegar al mismo punto.

Teniendo en cuenta que hace ya dos años que se aprobó la Ley, lo primero a destacar es que los ritmos para su aplicación están siendo excesivamente largos. Errenteria, que fue pionera y rápida en este proceso, no logró hasta enero de este año empezar a aplicar una norma que, además de limitar relativamente los precios de los alquileres, da también mayores garantías a los inquilinos. Pero el proceso está siendo tan lento que, para cuando se empiece a aplicar, la Ley habrá quedado relativamente obsoleta en ciertos aspectos.

La norma, aprobada con la furibunda oposición de la derecha española y del PNV -la recurrieron ante el Tribunal Constitucional-, sirve para contener los precios de los alquileres allí donde se aplica, según el Sindicat de Llogateres de Catalunya, que en un estudio analizó la diferencia en la evolución de los precios en las zonas tensionadas y en el resto. En las primeras, los alquileres bajaron un poco, mientras que en las segundas siguieron subiendo. La aplicación de las herramientas que pone encima de la mesa la Ley de 2023 debería ser, por tanto, indiscutible. Esto no supone idealizar una norma que, por si sola, no va a acabar con el problema de acceso a la vivienda por varios motivos. Para empezar, porque la regulación de los precios es limitada, pero sobre todo porque dejó abierta una puerta trasera por la que se están colando la mayoría de propietarios con ánimo especulador: el alquiler de temporada, que sigue siendo un ámbito desregulado a través del cual se mantiene el alza de los precios. El camino que se impone es doble, porque urge aplicar la Ley disponible y, al mismo tiempo, mejorarla para tapar todas sus fugas.