El objetivo «prioritario» del Plan Director de Vivienda 2025-2027 de Lakua, aprobado ayer, es el de promover 7.000 nuevas viviendas de alquiler «asequible» durante la presente legislatura en la CAV. Un número que queda lejos, muy lejos, de las 83.617 solicitudes de un alquiler protegido inscritas en Etxebide, según los datos publicados por el Observatorio Vasco de la Vivienda hace un año, en junio de 2024.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la sede de Lehendakaritza, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, reconoció que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sufren una «auténtica emergencia habitacional». «Hemos perdido los equilibrios en el acceso a la vivienda. El coste del alquiler o la compra supera ya el 30% de los ingresos, y llega incluso al 39% entre quienes están registrados en Etxebide», aseveró.

«Encontrar hoy un alojamiento digno ya no es solo un problema de los más vulnerables, afecta directamente a la estabilidad de las clases medias», afirmó antes de detallar los pormenores de un plan que se sustenta en tres pilares: reformas, recursos y acuerdos.

REFORMAS

Las reformas normativas se basan en el desarrollo de la Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, y en el Decreto de Estándares Urbanísticos.

Sobre la ley, el dosier remitido por el Ejecutivo a los medios de comunicación explica que la norma «busca acelerar la puesta en marcha de proyectos residenciales, facilitar el acceso a la vivienda protegida y dotar a la administración de herramientas eficaces para intervenir en contextos de emergencia habitacional».

En este sentido, Itxaso incidió en la necesidad de «reducir los plazos al 50% para movilizar el suelo más rápido», y remarcó que «hoy por hoy hay suelos catalogados como protegidos que podrían albergar hasta 75.000 viviendas de protección oficial».

En cuanto al decreto, remarcó que facilitará la reconversión de locales comerciales en viviendas. Se modificará el Decreto de Habitabilidad para poder dar un uso residencial a las lonjas «con mayor flexibilidad, sin tantas exigencias».

Además, habrá limitaciones a las viviendas turísticas en zonas tensionadas, y se adoptarán medidas disciplinarias contra quienes pretendan hacer negocio con los pisos en dichas zonas, ya sea mediante el uso turístico o aumentando el precio del alquiler por encima de los límites establecidos.

El decreto también afectará a programas como Bizigune o Gaztelagun, ampliando el umbral de ingresos hasta los 30.000 euros y permitiendo optar a ayudas a quienes alquilan una habitación.

RECURSOS

El plan señala que «es necesario dedicar más recursos para aumentar la oferta de viviendas protegidas y asequibles y es posible hacerlo innovando con la creación de nuevos instrumentos de colaboración público-privada». Esto se traduce en la creación, según Itxaso, de un «gran fondo social para la vivienda».

«Nos dotaremos de la ayuda de instituciones financieras que están en estos momentos mandatadas a emplear buena parte de su capacidad de financiación al campo de la vivienda», apuntó y citó dos ejemplos: el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial.

«Necesitamos incorporar capitales privados y necesitamos tener las mejores compañías, que acepten una moderada retribución», añadió, advirtiendo de que «no estamos hablando de grandes beneficios. Estamos hablando de defender una causa social».

El consejero señaló que la participación de estos agentes depende en gran medida de la disposición de suelo, por lo que abogó por «entrelazar» el fondo público-privado con la reserva estratégica de suelo.

ACUERDOS

Esta reserva obliga a un acuerdo con los ayuntamientos, que son los competentes en Urbanismo, y con Eudel, la organización que representa al conjunto de los municipios de la CAV.

La idea del Gobierno de Lakua pasa por «automatizar la reserva de suelo, porque si tuviéramos que ir convenio por convenio a todos los ayuntamientos con lo que queremos trabajar no acabaríamos nunca», declaró.

Así, el Ejecutivo, va a «modificar la parte de la Ley del Suelo que habla de los aprovechamientos para que podamos compartir suelos, y, sin menos cabo de la autonomía municipal, les podamos ayudar a construir vivienda protegida, que es de lo que se trata».

La línea del acuerdo también pasa por la «transformación profunda del sector de la construcción, apostando por su industrialización».

«Sin modernizar el sector, las reformas y recursos de este trienio tendrían un alcance limitado. Por eso hemos impulsado una estrategia de industrialización que nos permitirá ahorrar plazos, reducir costes e impactos ambientales, y mejorar la seguridad laboral», indicó Itxaso.

AL PARLAMENTO DE GASTEIZ

El próximo paso será la remisión del plan al Parlamento autonómico para que, en palabras del consejero de Vivienda, la Cámara «reaccione y nos ayude a implementar estas medidas en lo que a reformas legales se refiere».

Detalló que los decretos «están en marcha» y la meta del Gobierno es finalizar el año con la ley aprobada para que «podamos desplegar en lo que queda de legislatura todas las medidas a la mayor velocidad posible». En tres años quieren poner 5.250 viviendas de alquiler social a disposición de la ciudadanía.

Una idea propuesta la semana pasada

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, anunció ayer que el Ejecutivo de Lakua creará un fondo social de vivienda. Su objetivo es movilizar la inversión pública y privada para aumentar el parque de vivienda protegida en alquiler.

Cabe recordar que el pasado jueves, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Pello Otxandiano, ya propuso crear un fondo público específico para la promoción de vivienda pública.

Alertó de que «en la próxima década será necesario incorporar entre 60.000 y 70.000 nuevas viviendas para atender la demanda existente, de las cuales 40.000 deberán construirse desde cero» y apostó por que el 75% de esas viviendas sean impulsadas por el sector público y estén destinadas mayoritariamente al alquiler.

Para llevar a cabo esta estrategia, EH Bildu calcula que haría falta movilizar 3.000 millones de euros en diez años, combinando financiación pública (incluyendo el recurso al endeudamiento) con la participación de entidades sociales como fundaciones bancarias y EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria). GARA