La prisión provisional es una medida extraordinaria que los responsables del Consistorio bilbaino, con su alcalde, Juan Mari Aburto, al frente, están empeñados en que se extienda. El primer edil jeltzale lo verbalizó ayer en una entrevista en Radio Euskadi y, pocas horas después, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pidió al Ayuntamiento «respeto institucional» en la formulación de opiniones sobre la labor jurisdiccional.

«Necesitamos que la figura de la prisión provisional esté más extendida», manifestó Aburto, quien advirtió de que «mucha veces, el trabajo de la Policía Municipal no tiene posteriormente los efectos que gustaría por la aplicación de normas en el ámbito judicial». Declaró que la Judicatura y la Guardia Urbana «deben trabajar para estar más coordinadas en una labor conjunta».

«El peso de esa delincuencia debe estar cargado en varias mochilas y, entre todos, soportar esa situación trabajando conjuntamente», añadió tras asegurar que el Ayuntamiento «es consciente» de que la inseguridad ciudadana es la primera preocupación de los vecinos y vecinas de Bilbo.

Unas horas más tarde, el TSJPV informó de que el pasado viernes su órgano de Gobierno acordó pedir «respeto institucional» al Ayuntamiento en la formulación de opiniones sobre la labor jurisdiccional después de que el Consistorio se quejara porque un juzgado no decretara prisión provisional para un detenido el 26 de abril por la Policía Local por «atentado contra agente de la autoridad, y lesiones y resistencia graves».

JUECES PIDEN AMPARO

La Junta de Jueces de Instrucción de Bilbo trasladó esta cuestión a la Sala de Gobierno del TSJPV tras el escrito de queja del Área de Seguridad Ciudadana del Consistorio en el que, entre otras opiniones, expresaba su «profundo malestar» por la decisión de juzgado, en funciones de guardia.

El órgano de Gobierno del TSJPV destacó en un acuerdo que «en la Ley la competencia de la Policía Judicial abarca la obtención de fuentes de prueba de los ilícitos penales y de sus posibles autores o partícipes, la puesta a disposición, en su caso, de las personas detenidas y la adopción de las medidas de protección» de las víctimas.

Por ello, advirtió de que, «en ningún caso», se le confiere legitimación para instar la adopción de la prisión provisional o de cualquier medida cautelar restrictiva de derechos que solo «residencia en las acusaciones».