PNV y PSE han registrado conjuntamente en el Parlamento una proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, que pretende flexibilizar las normas actuales en esta materia para agilizar la construcción de viviendas de protección oficial, pero también las libres y tasadas, como quisomatizar ayer el presidente del EBB, Aitor Esteban.

Que para presentar esta proposición en la Cámara comparecieran conjuntamente el máximo dirigente del PNV, Aitor Esteban, -que no es parlamentario- y el secretario general del PSE, fue un «gesto» que el propio Eneko Andueza quiso subrayar, ya que son evidentes las diferencias que ambos partidos mantienen, por ejemplo, en relación a la ley estatal de Vivienda, que la parte jelkide del Gobierno de Lakua tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. En esta ocasión, los dos dirigentes prefirieron subrayar lo que les ha unido sobre lo que les separa.

Tampoco pueden olvidarse las últimas crisis que se han dado entre los socios por unas palabras del lehendakari sobre el trazado del TAV, el «tipo de inmigración que necesitamos» o las alegaciones presentadas por el Gobierno autonómico al decreto estatal sobre universidades. Esteban y Andueza reivindicaron su coalición, sus acuerdos y su derecho a mantener discrepancias al ser partidos distintos.

PRESENTADO POR LOS PARTIDOS

Esta proposición de ley fue anunciada ya en marzo por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, pero la presentan los partidos y no el Gobierno para eliminar trámites y poderla aprobar más rápidamente. De hecho, PNV y PSE piden que se debata en el Parlamento por vía de urgencia y ya han recordado que cuentan con mayoría absoluta para su aprobación

El texto presentado ayer en sede parlamentaria modifica seis leyes existentes en la actualidad con el objetivo anunciado de movilizar más suelo y de forma más flexible, construir más y más rápido, acortar plazos de tramitación y dar prioridad al silencio positivo.

Con estas reformas, el secretario general del PSE consideró que los efectos de la ley podrían ir notándose a los meses de su aprobación.

Una de los puntos más destacados de esta proposición de ley desde que la dio a conocer el consejero del ramo es que en la legislación actual el 75% de las nuevas viviendas en suelo urbanizable solía estar reservado a la protección oficial (VPO). Ahora se propone sin embargo reducir este porcentaje al 60% o el 55% para flexibilizar las exigencias a las promotoras inmobiliarias y acelerar la construcción de viviendas.

La teoría defendida por Lakua y los socios en el Gobierno es que ese 75% está impidiendo la construcción de vivienda y que, por tanto, el 75% de cero es cero.

EH BILDU: «UN RETROCESO»

EH Bildu considera que este cambio, uno de los pocos conocido públicamente hasta la fecha, supone «un retroceso grave». Entrevistada en ETB1, la portavoz parlamentaria Nerea Kortajarena subrayó que «no se nos ha explicado por qué hay que cambiar esa reserva que se ha aplicado durante 20 años. Lo único que se ha dicho es que las promotoras no ganan lo suficiente. Pero en la situación actual de emergencia habitacional el camino debe ser el de fortalecer las políticas públicas de vivienda: control de precios, intervención real en el mercado y promoción del alquiler social».

Kortajarena consideró que PNV y PSE nos llevan, «una vez más, hacia un modelo que da más espacio al mercado», y sostuvo que «no es el camino que necesitamos». Recordó que «al final, los dos partidos llevan 40 años gobernando, de una forma u otra, esta parte del país. Y estamos viviendo las consecuencias de las políticas de vivienda que no se han hecho en estas décadas: un mercado completamente descontrolado, 85.000 personas registradas en Etxebide, y la tasa de emancipación más baja de Europa».

Cabe señalar que frente a esas 85.000 personas registradas en Etxebide para acceder a una vivienda protegida, los planes del Gobierno pasan por la construcción de 7.000 viviendas en esta legislatura.

Por otra parte, y ante la escenificación del acuerdo por parte de los principales dirigentes de PNV y PSE, Kortajarena afirmó que «a veces, cuando se quieren hacer demostraciones de fuerza, es cuando se evidencian las mayores debilidades». A su entender, no se puede pasar página tan fácilmente el hecho de que «tenemos a un consejero reclamando» la aplicación de la Ley de Vivienda estatal y por otro, al propio Gobierno habiéndola recurrido».

Y «además, el mismo Gobierno que defiende el control de precios, en otros ejecutivos [diputaciones] donde están los mismos partidos, no ha implementado el índice de precios, que llega con un enorme retraso». A juicio de EH Bildu «hay un bloqueo claro» en este tema. En todo caso, Kortajarena avanzó que «analizaremos en profundidad lo presentado», pero en base a los antecedentes dijo que «creo que lo que se presente estará condicionado por estas discrepancias entre socios. Y eso, en el fondo, marca un límite en las políticas públicas de este país».