Los tres jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fallaron por unanimidad ratificar la condena que se emitió contra la expresidenta Cristina Fernández en primera instancia en 2022 y que la Cámara de Casación Penal confirmó en noviembre de 2024.

Ante su desacuerdo con la sentencia y tras denunciar que es víctima de una estrategia de lawfare, Fernández interpuso un recurso ante el Supremo, que falló el martes, antes de lo previsto y justo cuando la expresidenta había anunciado que volvía a la contienda política como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de setiembre.

Fernández ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarse probadas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz durante los Gobiernos de su marido Néstor Kirchner (2003-2007), ya fallecido, y los encabezados por ella, entre 2007 y 2015.

El Supremo dio cinco días a la presidenta del Partido Justicialista para que se presente ante el primer tribunal que la condenó en la llamada «causa Vialidad», al tiempo que dio al Ministerio de Seguridad Nacional un plazo de 24 horas para habilitar un espacio donde acogerla como detenida.

Fernández podría cumplir prisión domiciliaria por edad (72 años), pero esta opción se la tendría que conceder el titular del tribunal que la condenó en primera instancia.

«IMPRESENTABLES Y MONIGOTES»

«Triunvirato de impresentables» y «monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos», denunció la condenada a una multitud que se congregó a las puertas de la sede de su partido, en Buenos Aires, al referirse a los jueces que ratificaron el fallo.

Definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan libres por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».

CRÍTICAS Y MOVILIZACIONES

El jurista Matías Bailone, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y conocedor del proceso, afirma que «la condena es la pieza más bochornosa de la historia judicial argentina porque contradice todas las normas que están garantizadas por el ordenamiento jurídico, violentan toda legalidad y ponen en juego el Estado de derecho». «La sentencia está todo el tiempo diciendo: se supone, supondríamos, merece creer, etcétera. Terminologías que demuestran que no hay pruebas de cargo, es decir, que se ha condenado a personas sin pruebas de cargo», subraya.

Sindicatos como Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y organizaciones sociales cortaron accesos a la ciudad de Buenos Aires. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria anunciaron movilizaciones.

La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que «la persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad y empobrecimiento de las mayorías».

El expresidente derechista Mauricio Macri (2015-2019), durante cuyo mandato se aceleraron las acusaciones contra Cristina Fernández, y el Gobierno actual del ultraliberal Javier Milei celebraron la ratificación de la condena.

Duras críticas de Cuba, Bolivia y Venezuela a la sentencia

Los Gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba mostraron su apoyo a Cristina Fernández y criticaron el fallo como un «intento para socavar a la izquierda».

Caracas denunció un «golpe político y judicial» y señaló que la condenada está siendo «víctima de una persecución brutal impulsada desde un Poder Judicial subordinado al proyecto autoritario de (el actual presidente) Javier Milei».

La Paz criticó «un evidente uso de la Justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular». El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó que«vivimos una reedición del Plan Cóndor» porque ahora «ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías, quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías».

La Habana constató que «una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región». GARA