LAB presentó ayer los ejes de su propuesta de política industrial para la transición ecosocial, una iniciativa que pretende fijar los cambios estruc- turales que requiere hacer frente a la crisis climática «en términos ecosocialistas» y defender al mismo tiempo los derechos y condiciones laborales de la clase trabajadora.

En una comparecencia en la que también se hizo una valoración del Plan de Industria del Gobierno de Lakua, que el sindicato tacha de «continuista» e «insuficiente», Igor Arroyo, su coordinador general, resumió un documento que parte de la base de que «la gravedad de la crisis ecológica ya no admite matices», de modo que «estamos al borde de un desastre climático y ecológico irreversible». Un escenario complejo ante el que constata que «los mecanismos de mercado para combinar crecimiento económico, mejora de la competencia y preservación del medio ambiente han demostrado ser un fracaso».

«Para el capital hay una premisa clara: la transición antes que ecológica tiene que ser rentable», expone LAB, que menciona dos consecuencias de esta actitud: por un lado, «que solo se invierte en aquellos sectores productivos en los que existe una expectativa de beneficio lo suficientemente atractiva», lo que «no tiene por qué coincidir con aquellos sectores más prioritarios para las necesidades sociales y territoriales, dejando abandonados ámbitos con gran importancia pero menor rentabilidad». Y por otro, que «la inver- sión productiva en muchos casos se acompaña con un ajuste sobre las condiciones laborales, que empeora, precariza o destruye empleos». «De esta forma le pasan la factura de la transformación productiva a la clase trabajadora, que ve perjudicadas sus condiciones de vida», censura la central abertzale, que también critica que «grandes empresas multinacionales presionan a los gobiernos para que rebajen y retrasen los objetivos de reducción de emisiones».

El resultado, valora, es que se está haciendo «demasiado poco», «demasiado tarde» y de forma «demasiado injusta».

Ante ello, Arroyo destacó la necesidad de «un cambio de 180 grados» y de «una política industrial ecológicamente sostenible que responda a las necesidades sociales de nuestro territorio y, al mismo tiempo, garantice el derecho al empleo de las y los trabajadores». «Para ello -apostilló- habría que transformar varios sectores, reduciendo las emisiones, la energía y los materiales».

CUATRO PILARES

Según concretó ayer su coordinador general, LAB considera que el cambio que necesita la política industrial en Euskal Herria se debe sustentar en cuatro pilares, el primero de los cuales parte de un rechazo «a la expansión de la industria armamentística», porque «sustrae recursos socialmente necesarios para alimentar la escalada belicista». Por ello, criticó «la hipocresía» del Gobierno de Lakua, pues «mientras habla de paz y valores impulsa la maquinaria de guerra». «El rearme no aumenta la seguridad, más bien lo contrario», opinó Arroyo, que defendió por contra «la industria socialmente necesaria y ecológicamente sostenible».

LAB aboga también por «la intervención pública para planificar la transición industrial». «La lógica perversa que socializa las inversiones y privatiza los beneficios debe acabar», advierte, y denuncia que «las grandes corporaciones se benefician de la política fiscal, las ayudas, las infraestructuras y los ERTE», pero «su actividad no revierte en el territorio».

Por ello, demanda «una planificación industrial real, con una participación real y vinculante de los sindicatos».

A este respecto, cree que «los gobiernos de la CAV y Nafarroa deben impulsar proyectos industriales de propiedad pública, y las empresas que reciben ayudas deben tener prohibido repartir dividendos y deben mantener el empleo». También que «se debe reforzar la legislación contra las deslocalizaciones y evitar que las empresas que reciben ayudas públicas destruyan o empeoren el empleo», y que «si es así, deben ser sancionados».

LAB también lamenta que «las empresas toman decisiones sobre el empleo en base a planes de descarbonización sobre los que no hay ninguna garantía de cumplimiento», y considera que, al contrario, «se debe reconocer la participación sindical en la descarbonización de la industria». Además, cree que «las empresas con beneficios millonarios deben destinar las ganancias a la inversión productiva que exige la transición energética».

Como cuarto pilar de la política industrial que requiere la transición ecosocial, propone avanzar hacia una semana laboral de 30 horas que «redistribuya la carga de trabajo y que amortigüe las transformaciones», y apuesta por «eliminar toda discriminación en la contratación y promoción» de las mujeres en la industria.

Junto a ello, añade que las empresas «deben impulsar mejoras laborales que dignifiquen el empleo; como la limitación de la subcontratación, la subrogación y la prevención de riesgos laborales», y «se debe asegurar la formación y la recualificación hacia nuevos segmentos productivos». También aboga porque las mesas de reindustrialización sean obligatorias para las empresas que tengan previsto el cierre o la reducción de su actividad.

CRÍTICA AL PLAN DE LAKUA

La presentación de las líneas maestras del documento de LAB se llevó a cabo en una rueda de prensa en la que Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de la central, hizo una lectura crítica de la propuesta presentada por el Gobierno de Lakua en este ámbito. Su receta, resumió, «es la misma que hasta ahora, dotar más dinero público a las empresas privadas y establecer menos obligaciones».

En opinión del sindicato, el Plan de Industria del Ejecutivo de Imanol Pradales no es suficiente «porque los proyectos transformadores que incluye responden a proyectos de grandes empresas ya en marcha»; «está lejos de ser una planificación con una hoja de ruta creíble para la descarbonización industrial»; somete la transición energética y el desarrollo de infraestructuras «a beneficios privados»; «no hay planificación sobre las transformaciones industriales más urgentes»; y «no se hace referencia explícita a la industria militar», aunque, censuró, «ha mostrado su voluntad de aprovechar el impulso que se le quiere dar a nivel europeo».

Gete también denunció la «absoluta falta de medidas para garantizar un empleo de calidad», así como la no participación de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo del plan institucional. Frente a ello, destacó la importancia de la acción sindical para «garantizar el derecho al empleo y lograr una verdadera transición energética en Euskal Herria».