Iñaki Lasagabaster, catedrático emérito de Derecho Administrativo por EHU, aclaró ayer que los ayuntamientos y los concejos no están obligados a aprobar proyectos de energías renovables, al contrario de lo que dicen las «amenazas» que reciben habitualmente sobre cometer un delito de prevaricación.

Así lo explicó en una conferencia que ofreció ayer a convocatoria de Arabako herri Unibertsitatea (AhU). Con él estuvieron Ana Saenz de Olazagoitia, investigadora y geógrafa de EHU; Unai Pascual, profesor de investigación y coordinador de AhU, y Naiara Moreno, de la Junta Administrativa de Jungitu.

Según argumentó, hasta que no haya un Plan Territorial Parcial y un Plan Territorial Sectorial que desarrollen las Directrices de Ordenación Territorial no se podrán aprobar planes generales y tampoco planes especiales sobre usar suelo no urbanizable.

Esa serie de directrices, conocidas como DOT, establecen los criterios y orientaciones básicas para el uso sostenible del territorio. Es decir, tienen como objetivo coordinar las políticas sectoriales. Según se estableció en este documento en 2019, de acuerdo con lo citado por Lasagabaster, el Plan Territorial Parcial de energías renovables tiene que tener en cuenta que la ocupación del espacio sea compatible con la preservación del patrimonio natural y cultural del paisaje.

Por lo tanto, como nos encontramos en un «impasse» en el que no hay Plan Territorial Sectorial (PTS) ni Plan Territorial Parcial (PTP), que se imponen sobre las normas urbanísticas, las normas de los ayuntamientos no pueden ir en contra del DOT. En otra conferencia en marzo, Lasagabaster ya advirtió de que este PTS es una norma «radicalmente ilegal».

Considera que «lo que procede» es suspender las licencias de los proyectos porque, si el PTS de Energías Renovables no va acorde con los criterios que establece el DOT, estas directrices perderían su sentido.

Lasagabaster mostró su preocupación por la situación de los ayuntamientos y concejos, que en muchos casos han invertido miles de euros en alegaciones. «No se puede jugar con las preocupaciones, el tiempo y el dinero de la ciudadanía. No se puede jugar con la participación ciudadana», dijo.