La lehendakari de Nafarroa, María Chivite, se negó ayer a dar «carta de naturaleza a filtraciones» relacionadas con el informe de la UCO y recordó que ni ella ni nadie de su Gobierno, adjudica obras, al tiempo que defendió el proceso aplicado en el caso de Belate, que calificó de «la máxima transparencia».

Chivite, junto al consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, compareció en la Comisión de Régimen foral del Legislativo a petición de UPN para explicar el proceso de adjudicación de las obras de los túneles de Belate, tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a una de las empresas adjudicatarias de dicha obra. Y, por parte del PP, se le pedían explicaciones sobre las relaciones y contactos entre el Gobierno de Nafarroa y las empresas que aparecen en ese informe.

En respuesta a UPN, recordó que el informe de la UCO no menciona la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate, como también se ha señalado desde los tribunales.

A partir de ahí, insistió en que esas obras se adjudicaron con la «máxima transparencia» y detalló todos los pasos dados.

Asimismo, recordó las medidas que ha adoptado su Ejecutivo para que se analicen las obras que ha adjudicado su Gobierno a pesar de que «no tenemos ningún indicio de ilegalidad en ningún contrato». En este sentido, insistió en que «ni la presidenta, ni el consejero de Cohesión Territorial, adjudican contratos, ni formamos parte de los órganos de contratación, por mucho que se empeñe en decirlo», le espetó al portavoz de UPN.

Y en relación al presunto contrato por el que Santos Cerdán poseería el 45% de Servinabar, aseguró que «la Administración no podía conocer el supuesto acuerdo de reparto societario, porque era privado».

Al PP, Chivite le recordó que el informe de la UCO «no es público, otra cosa es que esté publicado» y que tiene carácter reservado al estar el caso en fase de instrucción.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se negó a responder al PP, ya que «me traslada la responsabilidad de explicar el contenido de ese informe», algo que, según los servicios jurídicos, no estaba obligada a hacer. En este sentido, aseguró que «no deberíamos dar carta de naturaleza a las filtraciones, porque supone una anomalía democrática».