Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de Donostia y la firma Tavaro XXI, encargada de la construcción en Igeldo del chalet de Xabi Alonso, excapitán de la Real Sociedad y entrenador del Real Madrid.

Según explicaron ayer en una nota, acusan al Consistorio y a la mercantil de los delitos de prevaricación y usurpación de bienes públicos por la utilización del camino de acceso al depósito de aguas de Txalin, ya que «la autorización disponible, de más que dudosa legalidad, caducó el día 21 de marzo de 2025 y es improrrogable». «Como se sabe, la licencia de construcción del chalet que la empresa Tavaro XXI SL ha construido en Igeldo, en el paraje de Txalin, fue anulada por el JCA número 3 de Donostia por no cumplir los requisitos de tipología rural, sentencia que está recurrida por el Ayuntamiento y la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero junto a esa ilegalidad había otras que no se resolvieron», manifestaron.

Y destacaron que, una de ellas, «es que la parcela carecía de acceso a vial público, pese a lo cual le fue concedida la licencia. Para arreglar ese entuerto, dos años y medio más tarde, el Ayuntamiento le concedió a Tavaro XXI una autorización especial de uso del camino de servicio público que da acceso al depósito de aguas de Txalin, camino que no es de uso público».

«Esta autorización, que ya era ilegal porque la ley solo permite dar esas autorizaciones especiales a usuarios relacionados con el servicio público, caducaba a los cuatro años, el día 21 de marzo de 2025, y era improrrogable porque así lo dice el artículo 92 de la Ley de Patrimonio», añadieron.

Ambas asociaciones lamentaron que, «como era previsible, el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto y el camino sigue siendo utilizado, ilegalmente, por Tavaro como acceso a su chalet». «Por ello, ante este intento municipal de, con su pasividad voluntaria, encubrir la ilegalidad del chalet, ambas asociaciones hemos denunciado al fiscal la situación, entendiendo que se han producido dos posibles delitos», uno de prevaricación, que imputan al Gobierno local, y otro de usurpación de bienes públicos por Tavaro.