El juez de la Audiencia Nacional (AN) española Francisco de Jorge investiga por «contrabando» y participación por «complicidad en un delito de lesa humanidad» o «genocidio» al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.

El juez considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento. Ayer levantó el secreto de las actuaciones y apunta que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados han sido citados a declarar ante el juez el 12 de noviembre.

Jainaga es uno de los principales empresarios vascos, muy conectado con el Gobierno de Lakua, como ha quedado en evidencia en la operación para apuntalar la propiedad de Talgo, donde ha liderado el llamado «consorcio vasco».

Según el juez, los hechos son imputables también a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

No obstante, entiende que no procede por ahora considerar como persona jurídica investigada a la sociedad Sidenor Aceros Especiales SLU, excluyéndola de las medidas cautelares y eventuales penas, «dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva».

Por ello, aplica la normativa que protege a las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción.

La querella que ha dado origen a la investigación del tribunal fue presentada el 1 de julio por la Comunitat Palestina de Catalunya, que denunciaba a Sidenor por la «posible comisión de un delito de contrabando», por lo que exigía «diligencias urgentes», como el registro del contenedor del buque ZIM Luanda en el puerto de Barcelona, que albergaría el material, y su decomiso.

Según la organización Prou Complicitat Amb Israel, el buque ZIM Luanda había amarrado en la ciudad para cargar 40 bloques de barras de acero originarios de Sidenor con los que iba a partir hacia el puerto de Haifa. La querella también consideraba que «podría haber un delito de genocidio y de crímenes de lesa humanidad».

Ese mismo día, Sidenor anunció que dejaba de vender acero a Israel, justificándolo en el hecho de que el Gobierno español había decidido en abril «suspender el contrato de ventas» a dicho país. Según apuntó la empresa entonces, «en 2024, la relación comercial de Sidenor con empresas de Israel representó menos del 0,5% de sus ventas totales».

Sidenor se limitó ayer a señalar que ha puesto el tema en manos de sus abogados y «seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder».

BDZ advierte que «no es una excepción»

BDZ Euskal Herria consideró que la investigación sobre los directivos de Sidenor «confirma lo que desde hace años venimos denunciando: la implicación de empresas vascas en el sostenimiento económico, tecnológico e industrial del sistema de ocupación y apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino». BDZ señaló que «el caso de Sidenor no es una excepción. Empresas como CAF, implicada en la construcción y mantenimiento del tranvía de Jerusalén que atraviesa territorios palestinos ocupados; AMC Mecanocaucho, suministradora de componentes con destino a proyectos vinculados al complejo militar israelí; Metro Bilbao y Osakidetza, que han contratado servicios de seguridad con la empresa I-Sec, de origen israelí, forman parte de una red de colaboración económica que vulnera los principios básicos de las políticas éticas de inversión y de respeto a los derechos humanos». «Hay que romper todo tipo de relaciones con el sistema colonial y de apartheid de la entidad sionista. Y la mejor noticia es que esto es posible», añadió, subrayando que «los Gobiernos y el sistema judicial «tienen que actuar».GARA