Beñat ZALDUA
PROPUESTA DE SUPRESIÓN DE ENTES AUTONÓMICOS

CORA, un paso más en la recentralización

Con un detallado informe de 730 páginas, el Gobierno español ha propuesto suprimir multitud de organismos autonómicos, como los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas. Dependerá de la predisposición de cada gobierno autonómico, lo que parece blindar a la CAV pero no a Nafarroa, donde Yolanda Barcina ya apuntó hace meses a la institución del Defensor.

No es cierto, tal y como se dice, que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, esté incumpliendo de cabo a rabo el programa electoral con el que ganó las elecciones del 2011. Para desgracia de las comunidades autónomas (CCAA) y la Administración local, el Gobierno del PP está siguiendo al pie de la letra lo prometido en el ámbito de las reformas de las administraciones públicas. Tras la reforma de la administración local -que despoja a los ayuntamientos de cualquier atisbo de competencia y autonomía municipal-, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó a finales de noviembre el borrador del informe de la Subcomisión de Duplicidades Administrativas, en el que se propone eliminar multitud de organismos autonómicos.

Como medidas llamativas, el extenso informe de 730 páginas plantea eliminar organismos como los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas, las agencias meteorológicas e infinidad de observatorios de diversa índole que funcionan a nivel autonómico. Unas propuestas que también afectan a Hego Euskal Herria, aunque aquí el documento ha tenido mucho menos impacto que en Catalunya, dado que invitan a eliminar figuras como las del Ararteko y el Defensor del Pueblo de Nafarroa, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la Cámara de Comptos o la agencia de meteorología Euskalmet.

Estas apenas son algunas de las 120 medidas propuestas por el informe CORA, sobre las que hay que destacar que no son, al menos por ahora, de obligado cumplimiento, sino que dependen de la actitud y la negociación de cada CCAA, ya que afectan a materias de competencia autonómica. Y esto es algo que en Hego Euskal Herria deja en posición desigual a la CAV, donde el PNV, de momento, no muestra intención de suprimir organismos, y a Nafarroa, donde el Gobierno de UPN sí parece interesado en aplicar algunas medidas.

Preguntado por GARA, el viceconsejero de Relaciones Institucionales de la CAV, Peru Bazako, recuerda que el informe «nace con un carácter de recomendación y no de imposición» y que Lakua ya está elaborando «un informe propio que entregará en breve a la Ponencia creada en el Parlamento vasco para analizar el tema de las duplicidades». Sobre las propuestas concretas de la CORA, Bazako señala que el Ararteko es «una de las principales instituciones de este país», por lo que no tienen «ninguna intención de tomar en consideración esta aportación». «Tampoco la de suprimir la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), el Tribunal Vasco de Cuentas o la agencia Euskalmet, todas ellas con funciones irremplazables, con arraigo social y justificación sobrada de su existencia», concluye.

Otro cantar es el de Nafarroa, cuyo Gobierno no ha respondido las preguntas de este diario sobre el informe CORA. El único posicionamiento contrastable es el referido a la Cámara de Comptos, sobre la que la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento aprobó el lunes, por unanimidad y a propuesta de UPN, una declaración de apoyo. Comptos tiene especificidades que lo hacen difícil de atacar, como su arraigo histórico, dado que existía ya en la Edad Media. Pero el hecho de que solo se citara a este órgano puede tomarse también como un indicador de que el resto de instituciones no queda a salvo.

La apuesta del Gobierno navarro por los recortes y la debilitación del sector público -véase el caso de las empresas públicas- pueden llevar a Barcina a dar por buenas algunas de las propuestas, entre ellas la supresión de diversos observatorios autonómicos como el de la inmigración o instituciones como el Defensor del Pueblo, una institución que UPN ya amenazó hace algo más de un año. En setiembre de 2012, Barcina lanzó la idea de suprimir temporalmente el ente, una medida difícilmente justificable por el ahorro que supondría -unos 300.000 euros al año- y todavía menos por criterios de eficiencia, ya que el Defensor del Pueblo es el principal canal oficial para trasladar las quejas ciudadanas al Gobierno, en especial en tiempos de crisis y recortes. Basta recordar una cifra: en 2012 el Defensor gestionó 1.510 quejas, lo que supone un incremento del 44,9% respecto a la cifra de 2011.

¿Adiós al café para todos?

Descartado que el informe afecte a la CAV y a la espera de que el Gobierno navarro se posicione con claridad, de lo que no hay duda es de que el PP intentará aplicar su rodillo autonómico -controla 11 de las 17 CCAA- para aplicar allí donde gobierna el informe CORA, algunas de cuyas propuestas dirigentes populares como Maria Dolores de Cospedal, presidenta del partido y de Castilla-La Mancha, ya vienen aplicando con anterioridad. Hace más de dos años que suprimió el Defensor del Pueblo.

De esta manera, el PP dará un paso de gigante en el esfuerzo por recentralizar las administraciones del Estado español sin tocar una sola coma de la Constitución, ya que las 120 medidas del informe afectan a todo tipo de sectores. Como botón de muestra cabe mencionar la supresión de observatorios autonómicos sobre la infancia, la juventud, el empleo, la inmigración y la xenofobia, entre otros. También la acción exterior de las CCAA -incluidas las agencias de cooperación al desarrollo-, la centralización de los concursos de licitación del sector público, la planificación conjunta de las carreteras, las licencias federativas deportivas únicas para todo el Estado y la eliminación de las agencias autonómicas de protección de datos.

También se tocan temas sensibles, como son la adopción de «un instrumento de planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas del terrorismo», de forma que sería el Estado central quien fijase los parámetros según los cuáles se es víctima del terrorismo o no.

Algo parecido ocurre con la propuesta de trasladar al Ministerio de Justicia «las subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo». Es decir, si se asumiera este informe y se llevara a la práctica, el mismo ministerio que se resiste a la extradición de torturadores franquistas a Argentina sería el encargado de decidir a qué actividades de memoria histórica se destinan las subvenciones.

Con deudas y sin competencias, autonomías inútiles

De las 120 medidas propuestas por el informe CORA sobre duplicidades administrativas, algunas llaman la atención por lo poco que tienen que ver con dichas duplicidades y porque se salen del guión general, que sigue el camino de suprimir organismos de las CCAA para recentralizar sus servicios en la Administración General del Estado. Es una muestra de lo que prácticamente toda la oposición denuncia como la verdadera intención del informe CORA, más allá de la supuesta eliminación de duplicidades: recentralizar el Estado.

Un ejemplo es el traslado de los gastos de los procesos electorales a las autonomías, ya que, según el informe, «el Estado ha venido asumiendo un conjunto de costes que deberían haber sido, bien compartidos con las CCAA cuando se producen supuestos de concurrencia electoral, bien asumidos en exclusiva por el poder autonómico convocante». Se refiere, por ejemplo, a la «elaboración o adaptación de las campañas instituciones» o al voto gratuito por correo, por el cual se compensa a Correos. Poco tiene que ver esto con las duplicidades administrativas, ya que se trata simplemente de trasladar un gasto del Estado a las CCAA.

Una estrategia de ahogo a las CCAA que tiene su pieza fundamental en el objetivo de déficit, que Europa impone de forma global pero después el Estado reparte, según sus criterios, entre las diferentes administraciones, cargando el grueso de los recortes sobre las autonomías. En resumen, una forma de vaciar de competencias a las autonomías y ahogarlas económicamente, haciéndolas de esta manera inviables.

Al mismo tiempo, el porcentaje de ciudadanos del Estado que apuesta por la eliminación de las CCAA o porque funcionen con menos competencias sigue creciendo. Según el CIS, en noviembre llegó al 34,3%, frente al 30,5% que prefiere seguir igual.