Lo que está ocurriendo en el barrio burgalés de Gamonal ha encendido las alarmas, no solo entre los mandatarios de la ciudad castellana, sino también entre quienes unos kilómetros más al sur temen que la chispa prenda en otras latitudes. Así que han empezado a embarrar el terreno. Prueba de ello es el editorial de «Libertaddigital», que comenzaba afirmando que «las protestas ciudadanas contra el proyecto de remodelación de una de las principales arterias de la capital burgalesa ha sido el pretexto utilizado por grupos de extrema izquierda para llevar a cabo sus acciones violentas». Cuentan por allí que para violentos, los policías que les mandaron a «persuadirles» de que no se manifestaran. Pero el editorialista no sabe nada de eso, claro.

El escribiente del digital de Jiménez Losantos admite que «las obras iniciadas en la calle Vitoria a su paso por el barrio burgalés de El Gamonal han soliviantado a una parte de los residentes de la zona», pero añade a continuación que «sólo hay que echar un vistazo a la identidad y biografía de algunos de los ya detenidos, ocho de ellos menores de edad, para constatar que poco o nada tienen que ver con el conflicto suscitado entre vecinos de esa barriada y el Ayuntamiento», y no solo eso, sino que «algunos han sido identificados como integrantes de partidos de la izquierda radical que actúan fuera del País Vasco y Navarra como correas de transmisión de las formaciones proetarras». No han tardado en mentar a la bicha. Ahora resulta que los «proetarras» se dedican a montar franquicias en otros lugares. Sería de risa si no fuera tan grave. Por cierto, algunos detenidos ya han sido enviados a la cárcel, y son todos de Burgos. Luego, por lo que pueda venirles de vuelta, el editorialista pone deberes: «A pocos meses de una importante cita electoral, cabe prever que el fenómeno se vaya agravando a menos que el Gobierno actúe con la firmeza necesaria para ponerle coto. El ejercicio pacífico de los derechos constitucionales exige poner fuera de circulación a aquellos que se aprovechan de las garantías del Estado de Derecho para hacer pagar a los demás la frustración de sus sucesivos fracasos en las urnas». Cuando esta gente habla de «poner fuera de circulación» a alguien a una se le ponen los pelos como escarpias.