«Me desnudaron, me golpearon. Fueron los peores cuatro días de mi vida. Cuatro días de tortura». El testimonio que Euken Villasante prestó el 15 de octubre, la segunda jornada del macrojuicio, sirve para ilustras el devenir de un proceso contra un movimiento juvenil en el que las denuncias de tortura se han convertido en el verdadero hilo conductor. Podía ser el relato de Villasante como también el de Haritz Petralanda, quebrado y recuperándose ante una sala muda. O el de Garazi Rodríguez, o el de Oier Zuñiga.

Luego, los sicólogos expertos en el Protocolo de Estambul respaldarían la veracidad de las denuncias. Nadie podía quedar indiferente en un sala convertida en testigo de la infamia relatada por los procesados. Las lágrimas de algunos acusados y de parte del público eran una humana reacción ante lo inhumano.

Si los puños en alto ante el tribunal militar de Burgos simbolizaron la rebeldía vasca frente a la dictadura en 1970, la imagen del 24 de octubre de 2012 fue la una sala vacía ante el rechazo de los jóvenes a escuchar a los responsables de sus maltratos como acusadores. «Nuestros Billy el Niño (en referencia al represor franquista imputado en la causa abierta por la juez argentina María Servini y al que ahora la Fiscalía española no quiere extraditar), nuestros torturadores, estarán aquí declarando como testigos policiales. Nos parece una vergüenza que el Estado dé voz a aquellos que nos torturaron», resumía Itxaso Torregrosa. El tribunal, que había escuchado una semana antes los crudos testimonios, permitió, por primera vez en la Audiencia, que los jóvenes se ausentasen de la sala. Quienes todavía gozan de impunidad pudieron hablar y aseguraron que las declaraciones fueron «libres y espontáneas». Pero lo hicieron frente a 40 sillas vacías. Eran ellas las que les señalaban.

Actos y ruedas de prensa

Durante tres meses, por la sala han desfilado policías y testigos cuyas intervenciones no hicieron sino reafirmar el carácter político del juicio. Pegatinas, boletos, movilizaciones contra el TAV o ruedas de prensa... actividades todas ellas que no solo los cuarenta acusados, sino miles de jóvenes en todo Euskal Herria han desarrollado y siguen haciéndolo, constituyeron la base para pedir seis años de cárcel a cada uno de ellos. Compromiso político que sigue siendo castigado. El proceso se inició dos días después del arresto en Iruñea de Luis Goñi, arropado por un muro popular que sufrió la embestida de los uniformados. Y se cierra con las detenciones de cuatro jóvenes que no se presentaron al juicio.

«Hay razones para que este proceso sea un paso para la paz», dice el alegato final de los jóvenes. Por ahora, en San Fernando de Henares se sigue juzgando la actividad política. Y eso que se podría concluir que el único delito expuesto en estos tres meses ha sido la tortura.