Los pasos dados por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) van ampliando consensos para un cambio radical de la política carcelaria. Dos días después de la entrevista concedida a GARA y ``Berria'' por Marixol Iparragirre y Jon Olarra, en la que avanzaban las solicitudes de cambio de destino a Zaballa y a una cárcel cercana del Estado francés, el lehendakari, Iñigo Urkullu, mostró su conformidad con esta vía e instó al Gobierno del PP a activarla.

Entrevistado en Onda Vasca, al ser preguntado sobre si la fórmula planteada por EPPK le parece válida, Urkullu afirmó primero que lleva «muchos años» indicando que «no cabían medidas de gracia ni generalizadas» y que «hay una legislación que cumplir», tanto para los presos como para el Gobierno español.

El lehendakari hizo hincapié en que estas mismas leyes prevén «beneficios» que «tienen que ser contemplados desde los movimientos de los presos de carácter individual» y sobre la premisa del «reconocimiento del daño». Ambas cuestiones aparecían ya avanzadas en la declaración de EPPK del 28 de diciembre y fueron confirmadas y desarrolladas más por Iparragirre y Olarra en la entrevista publicada el domingo.

«Nanclares» y «Zaballa»

Urkullu enlaza la «vía Zaballa» con la denominada «vía Nanclares» a la que se han acogido algunas docenas de presos en los últimos años. Lamentó que esta haya sido «denostada» y «estigmatizada» con expresiones que no le gustan, como «llamarle vía del arrepentimiento». El jefe del Gobierno de Lakua afirmó que él prefiere situarla en parámetros de «reconocimiento del daño» por parte de los presos y añade que el Gobierno español debería activarla.

En la entrevista, los dos interlocutores del Colectivo reiteran la disposición de los miembros de EPPK a asumir incluso responsabilidades personales, en un proceso que cuente con las debidas garantías. Y confirman que tras formular las peticiones de cambios de destino, comparecerán ante la Administración penitenciaria para defenderlas.

La entrevista detalla que esta iniciativa no será presentada por todos los presos a la vez, sino en función de una clasificación basada en las distintas situaciones existentes y los años de cárcel de cada prisionero. Del mismo modo, se anticipa que los presos con enfermedades graves y los que superen los 70 años de edad pedirán su excarcelación, igualmente en base a las opciones legales actuales.

El grupo parlamentario de EH Bildu constató en una nota el paso adelante del Colectivo frente a los obstáculos puestos por PP y PSOE. Así las cosas, Julen Arzuaga animó a Urkullu a implicarse de modo decidido, y en concreto a que «dé la espalda a la estrategia del no que domina en Madrid y busque e impulse acuerdos entre los agentes vascos», puesto que «el camino a recorrer lo tenemos que definir aquí, en Euskal Herria».

Cospedal admite que es legal

El PP, como anticipaban ya los propios interlocutores de EPPK en la entrevista, intenta poner todas las trabas posibles a este recorrido legal. La vicesecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, subrayó ayer en una entrevista a Tele5 que no ve «ningún motivo para que los presos de ETA se tengan que acercar» a cárceles vascas, y se escudó en que esta organización «no se ha disuelto».

Paradójicamente, Cospedal sí admitió en la entrevista que la legislación penitenciaria actual contempla «el tratamiento individualizado de cada preso cuando tiene una actuación concreta», pero puso por encima de ello la apuesta del Gobierno del PP por «mantener la misma política antiterrorista y penitenciaria». En este contexto, sostuvo que «a ETA no se le pueden dar concesiones ni por matar ni por dejar de matar».