El Real Unión vive sus momentos más duros. Y poco tiene que ver la andadura deportiva del equipo, aunque no sea la óptima. El problema radica en la situación institucional de un club que se tambalea, víctima de una grave crisis económica.

A las denuncias de los jugadores, que ya estuvieron a punto de costarle el descenso administrativo a la entidad la temporada pasada y que se han repetido este curso ante la reiteración de los impagos, se les unen ahora las reclamaciones de los empleados del club, que también acumulan un buen número de nóminas impagadas y que no cuentan, al contrario de lo que sucede con la plantilla, con la seguridad de que vayan a acabar percibiendo lo adeudado.

De ahí que los trabajadores del Real Unión anunciaran ayer que se verán obligados a iniciar «movilizaciones» si la empresa no presenta en breve un plan de viabilidad que alivie una situación ya «insostenible». El sindicato Comisiones Obreras denunció en un comunicado el «impago reiterado» de los sueldos de los empleados del club, algunos de los cuales llevan «más de un año sin cobrar». Según CCOO, la plantilla ha intentado negociar con la empresa, por lo que muchos trabajadores aceptaron posponer el pago de la deuda salarial de 2013 y años anteriores, así como su cobro fraccionado, a cambio de que las nóminas de 2014 se abonaran con cierta regularidad. Pero el acuerdo no se ha cumplido, con lo que «si en pocos días no se alivia su situación», con la presentación de un plan de viabilidad solvente, acompañado del inicio del pago de las nóminas, los trabajadores «se verán obligados a iniciar movilizaciones y acciones destinadas a presionar al Consejo de administración».

El cuerpo técnico del primer equipo ya había denunciado en enero el incumplimiento de sus compromisos por parte del Consejo de administración, a cuya disposición llegaron a poner sus cargos y al que advirtieron de la posible toma de medidas, incluyendo posibles acciones legales. También la plantilla ha realizado algún acto simbólico esta temporada, aunque el dinero depositado por el club en la Federación Española asegura el cobro de sus nóminas -aunque no el momento en que se pueda producir a los futbolistas-.

Asamblea

Esta situación, que se prolonga en el tiempo, así como la gestión, considerada oscurantista, del actual Consejo, se ha encontrado con una fuerte contestación en la masa social blanquinegra, con tres expresidentes del club como cabeza visible.

Ya en la Asamblea de la pasada primavera mostraron su honda preocupación con el trabajo de la directiva, con la que sin embargo alcanzaron un acuerdo para intentar reconducir la situación. Con el paso de los meses, la situación volvió a deteriorarse, después de que Carlos Fernández de Casadevante, José Antonio Zabala y Ernesto Isarch consideraran que el equipo de Ricardo García no había cumplido los compromisos adquiridos. El pasado mes de enero emitían un comunicado en el que criticaban la falta de información detallada sobre la ampliación de capital o la deuda, así como que no se hubiera convocado aún ni elecciones ni la Asamblea General Ordinaria.

Ya hay fecha, se celebrará el próximo 28 de marzo, pero no se prevé que vaya a desarrollarse de forma precisamente tranquila. Cuatro expresidentes, que ya han declarado que dan por rota su relación con el Consejo, han aglutinado a accionistas que representan más de un 5% del capital social, lo que les permite introducir nuevos puntos en el orden del día de esa próxima Junta de accionistas.

Se deberá permitir, así, que los expresidentes expongan el informe que han elaborado, en el que constará que no se ha realizado la auditoría de cuentas acordada. Además, se exigirá la relación detallada de todas las deudas del club, las cantidades adeudadas a entidades financieras y de crédito, técnicos, empleados y organismos oficiales, las demandas laborales recibidas y las previsiones de pago, así como los ingresos comprometidos de futuras temporadas.

Se reclama igualmente información detallada sobre la ampliación de capital que concluyó en diciembre, así como el desglose de todas las partidas que figuran dentro de los apartados de Ingresos y Gastos del balance y del presupuesto. Además, este grupo de accionistas quiere saber con cargo a qué ingreso se efectuó el depósito para participar en la competición, «para comprobar si nuevamente se han comprometido ingresos que exceden de la temporada o del mandato».

Además, en lo que respecta a los estatutos, se quieren matizar los artículos 5 y 6 y redactar de forma diferente los artículos 21 y 34, que se referirían a la creación de un Consejo Económico y la obligatoriedad de auditorías anuales a las cuentas.

Deja claro, por último, este grupo de accionistas, su «oposición» al nombramiento del nuevo Consejo, siempre y cuando haya integrantes del Consejo actual, y el anuncio de posibles medidas «para ejercer moción de censura y la acción de responsabilidad civil» contra los siete últimos consejeros y el nuevo consejo, si hubiera integrantes del actual, si no se presentan las cuentas debidamente auditadas.

Sumamente preocupados incluso por la «posible desaparición del club», solicitan por último a los accionistas blanquinegros que no concedan delegaciones de voto al actual Consejo y se abstengan de intentar formar parte de un próximo Consejo con integrantes del actual mientras no se presenten las cuentas debidamente auditadas, «al objeto de evitar incurrir en responsabilidades». Un panorama, en definitiva, que se enturbia por momentos.