Coincidiendo con el final del juicio del sumario 35/02, PNV, Geroa Bai y EH Bildu, que constituyen la mayoría política en Hego Euskal Herria, y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE, EHNE, Hiru, CNT y CGT, que suman la mayoría sindical, solicitaron tanto el sobreseimiento de esta causa como el fin de los procesos políticos.

El EBB hizo público un comunicado en el que asegura que desde el inicio del proceso dijo que este carecía «de la más mínima y elemental base jurídica» y que estaba contaminado por un «impulso político». Además, la dirección del PNV sostiene que «continuar aplicando criterios de excepcionalidad en los actuales tiempos de distensión y en los que la violencia de ETA ha desaparecido no ayuda a encauzar soluciones de normalidad y convivencia en una sociedad que aspira y desea afianzar una paz justa y duradera para todos».

Por todo ello, el PNV solicita oficialmente «el sobreseimiento de los encausados, el cierre definitivo del caso y la recuperación de la autoridad y el prestigio de la justicia penal, todo ello desde el respeto al pluralismo político y a los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión, sentando, de una vez por todas, las sólidas bases sobre las que afianzar la convivencia democrática presente y futura».

También EH Bildu exige la absolución de todos los imputados, puesto que entiende que «cualquier otra sentencia sería una violación flagrante de derechos civiles y políticos fundamentales». Su parlamentario en Gasteiz Julen Arzuaga denuncia que «a la vista de las incidencias del proceso, de todas sus irregularidades, del papel jugado por policías forenses y peritos, ha quedado en evidencia que las acusaciones nunca han tenido base y que el objetivo nunca ha sido buscar la verdad, sino imponer una condena de una manera u otra».

La coalición independentista afirma que se ha «agotado el tiempo de los juicios políticos» y «se ha terminado la aplicación de la filosofía del `entorno', de la tesis del `todo es ETA'». Por ello ve «imprescindible que el derecho penal del enemigo y los tribunales arbitrarios dispuestos a aplicarlo desaparezcan para siempre del escenario político».

Geroa Bai hace constar su «más absoluta protesta y disconformidad con un procedimiento carente del más mínimo y elemental soporte jurídico». Denuncia la insistencia en el «todo es ETA, un principio empleado de forma partidaria».

Nota sindical conjunta

Además de la mayoría política, también se pronunció ayer la mayoría sindical y lo hizo con una nota conjunta de CGT, CNT, EHNE, ELA, ESK, HIRU, LAB y STEE EILAS. En ella se reclama «la nulidad del procedimiento, la absolución o el sobreseimiento de tal manera que queden en libertad todas las personas juzgadas».

Todas estas organizaciones sindicales denuncian las irregularidades que se han dado tanto antes como durante el juicio. A su entender, «se han presentado como prueba de cargo actos que no son delictivos, y así se ha reconocido; se juzgan los fines políticos de las personas y organizaciones, no los medios; se juzga la actividad política y no hechos punibles».

Junto a la libertad de los acusados, piden el fin de los juicios políticos y de la aplicación del derecho penal del enemigo y que «se respeten de manera incondicional el pluralismo político y los derechos fundamentales de asociación, de libertad ideológica y de expresión».