(...) Significativamente, la determinación del supremo organismo de justicia electoral salvadoreño coincidió con la fecha de asunción de Michelle Bachelet como presidenta de Chile (...)

Pese a la diferencia de circunstancias y los matices de ideologías políticas, los casos salvadoreño y chileno permiten ponderar la consolidación y renovación, respectivamente, de proyectos gubernamentales de corte progresista y con un claro enfoque en la justicia social. Dicha circunstancia resulta particularmente saludable en un momento en que uno de esos proyectos, el gobierno venezolano, experimenta una combinación entre el desgaste derivado del ejercicio del poder por parte del chavismo, inconformidades políticas opositoras nunca disipadas y la embestida de oligarquías nacionales y extranjeras.

En el caso de la nación centroamericana, el refrendo popular al programa socialdemócrata emprendido hace cuatro años, cuando fue electo el presidente saliente Mauricio Funes, reviste trascendencia en la medida en que ocurre en un entorno regional dominado por gobiernos conservadores -empezando por los de los vecinos de El Salvador, Honduras y Guatemala-; adicionalmente, y con el recuerdo no tan lejano de la violencia, muerte y sufrimiento social que marcaron la vida política de El Salvador durante las últimas décadas del siglo pasado, es de felicitarse que esa sociedad dé muestras de civilidad democrática que le permiten realizar comicios creíbles y renovar los proyectos de gobierno por la vía pacífica.

Por lo que toca al retorno de Michelle Bachelet al Palacio de la Moneda, es destacable que ello ocurre sobre la base un programa social mucho más avanzado que el que la guió en su primera presidencia, y cuya aplicación puede ser impulsada por la llegada al legislativo de una nueva camada de políticos progresistas y fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social.

Está por verse si el ímpetu inicial del nuevo gobierno chileno se consolida en la realización de los objetivos descritos por la propia mandataria en campaña, empezando por la redacción de una nueva Constitución que permita superar las camisas de fuerza heredadas de la dictadura pinochetista y una reforma tributaria de carácter redistributivo, y cuya necesidad, según puede inferirse de los resultados comiciales, es reclamada por la mayoría de los chilenos.