(...) el fallo del Tribunal Constitucional coloca al separatismo catalán -mayoritariamente respaldado por la sociedad, y utilizado políticamente por el presidente de la Generalitat, Artur Mas- en el callejón sin salida en el que se encuentra desde el principio, al menos desde la perspectiva legal del marco jurídico español: para que los catalanes puedan ejercer la autodeterminación deberán contar con una aprobación previa que la clase política de Madrid, españolista y unionista en su mayoría, no piensa concederle.

(...) Independientemente de los cauces políticos y de los vericuetos jurídicos que tomen en lo sucesivo el separatismo catalán y el empecinamiento unitario de la institucionalidad madrileña, es claro que ésta afronta el problema con una idea de país más característica de los Reyes Católicos que del siglo XXI. En efecto, la unidad española a contrapelo del sentir de sus regiones y pueblos resulta contraria al espíritu democrático moderno y al derecho universal a la autodeterminación. La adhesión de una nación a un Estado, y su permanencia en él, no deben vulnerar el principio fundamental de que la soberanía reside en el pueblo -reconocido en la propia constitución actual de España- y, en este caso, el catalán se ha mostrado mayoritariamente partidario de conformar un país propio. (...)

Para que el proceso independentista que reclaman los catalanes pueda desarrollarse en armonía, concordia y democracia se requiere, en suma, que los políticos españoles sean capaces de desintoxicarse de la ideología centralista, patriotera y autoritaria en la que se basa el rechazo a cualquier separatismo. Es fundamental, por el bien de las naciones de la península, que las eventuales independencias de Cataluña y del País Vasco sean vistas sin dramatismos ni crispaciones como un reacomodo legítimo ante un Estado que de todos modos habrá de disolverse o reducirse al mínimo si es que España sigue perteneciendo a la Unión Europea.