Si anteayer era «Abc» quien llamaba la atención a los jueces por que no dictan las sentencias que ni siquiera el fiscal -pero sí ese diario- pide, ayer «La Razón» abría su edición con el siguiente titular: «La Justicia absuelve a siete de cada diez acusados de desórdenes públicos». Y una se pregunta, ¿para qué juzgan a esa gente si, según «La Razón», deberían condenar a casi todos? ¿O a todos, Marhuenda? Sería suficiente preguntar en la caverna mediática. Después aclaraba que esos números «a los que ha tenido acceso «La Razón» no incluyen los altercados en el País Vasco y Navarra, por lo que el número de casos puede ser superior». A ver si nos explicamos. El número de absueltos, contando los de Hego Euskal Herria, seguro que es mayor pues aunque sean excepcionales, también hay absoluciones, pero el porcentaje mucho menor. Para eso está la Audiencia Nacional.

En realidad, lo que pretendía «La Razón» era hacer propaganda de la Ley de Seguridad ciudadana de su jefe en La Moncloa. Claro, si los jueces no actúan, alguien tiene que hacerlo, ¿no?. Y Mariano, en todo momento apoyado por Marhuenda, es hombre de acción, así que «La Ley de Seguridad Ciudadana opta por sanciones administrativas frente a las penas de cárcel que se aplican en EEUU, Francia, Alemania o Portugal». Esa Ley es un atentado a la libertad de expresión y de manifestación, una forma de amedrentar a una población a la que están recortando derechos sociales y políticos constantemente. Pero «La Razón» decía justo lo contrario en su editorial, titulado «Ley de Seguridad necesaria»: «No se trata, faltaría más, de limitar los derechos de expresión o manifestación, expresamente protegidos por la Constitución, sino de garantizar el ejercicio pacífico de esos derechos, que no pueden suponer alteraciones del orden público ni limitar las libertades básicas del resto de los ciudadanos». Lo único que esa Constitución protege es la cara de cemento de cierta gente. ¿Qué son alteraciones del orden público? ¿Lo que la Policía -y «La Razón»- decida, ya que los jueces no saben? Multas desorbitantes por hechos que no tenían que ser perseguidos -¿o es que hay que encarcelar a alguien por protestar?- y, además de pagar, hay que agradecerles que no nos metan a la cárcel. Claro que para meter a una persona a la cárcel, previamente han de juzgarla -de momento-. Pero, como mucha gente sale absuelta, recurren al atraco puro y duro.