La etapa más compleja del proceso de paz para Colombia arrancó ayer en La Habana con el inicio de la discusión sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado, un punto clave para la reconciliación y el fin del enfrentamiento de medio siglo. «Este asunto es muy importante porque nos va a entregar las claves para desbrozar el camino hacia la reconciliación de la familia colombiana», manifestó ante los periodistas el jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, Iván Márquez.

Uno de los momentos cruciales de esta nueva fase se producirá el sábado con la llegada a La Habana de la primera comisión de víctimas, integrada por doce personas. En total, 60 víctimas entregarán sus testimonios a los equipos negociadores.

«Tendremos, eso sí, que disponer el espíritu para la humildad, para escuchar, para el perdón, y digo esto refiriéndome a todos los colombianos: hay que dejar atrás los sentimientos de odio y de venganza, si queremos tener patria en paz», declaró Márquez, quien fue muy crítico con la ratificación hace cinco días por parte de la Corte Constitucional del conocido como Marco Jurídico para la paz.

«Ninguna de las partes puede arrogarse derechos exclusivos para definir unilateralmente temas que no se han abordado en la mesa de conversaciones; mucho menos tomar para sí atribuciones que anticipada e inconsultamente puedan conducir a la aplicación de políticas o fórmulas jurídicas que por su naturaleza los pueda convertir en parte y juez», remarcó.

El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, sostuvo en una entrevista al revista colombiana «Semana» que «el pronunciamiento emitido por la Corte, tiene gran relevancia como quiera que constituye un respaldo al marco jurídico establecido por el Congreso de la República para la aplicación de justicia transicional y especialmente para permitir la participación en política de las personas que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil».

Rechazó al Marco Jurídico

Sobre la participación en política de los guerrilleros, precisó que esta normativa «prevé unos límites a esa participación que son los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos de manera sistemática».

La delegación de las FARC rechazó que «por arte de magia, unos magistrados pretendan que por la vía de macroprocesos se puedan agrupar graves violaciones de derechos para serles imputados a los máximos responsables por aquello de su rol esencial; o que se aplique de manera exclusiva y excluyente el tan manido marco jurídico y la justicia transicional a los integrantes de los grupos armados al margen de la ley. Eso es pretender que quienes buscamos la paz desde nuestra razón de vida, tras hacer uso del derecho a la rebelión, demos luz verde a la ciencia del derecho como ficción para que una de las partes de la mesa de La Habana pueda ser carne de cañón para las delicias de la otra».

Advirtió de que «la historia no se juzga con ficciones; el derecho a la paz no puede tener como tamiz al derecho como ficción. Las ficciones jurídicas son falsedades en ocasiones necesarias para ser aplicada en campos del derecho que no tocan con la vida y con la muerte. La guerra no ha sido una ficción; su solución no se encontrará nunca en la formulación desde altos estrados jurisdiccionales, de malabares jurídicos que más bien son atropellos a la paz». Denunció que «los temas que pretende definir y reglar -el Marco Jurídico para la Paz- nunca han sido objeto de estudio en la mesa de diálogo».

No prevén un acuerdo este año

En una reflexión presentada a modo de entrevista en la web oficial de la delegación de paz, el comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez o Timoshenko descartó la firma de un acuerdo de paz este año. «Me temo que no. Desde luego que todos quisiéramos que las cosas se dieran lo más pronto posible, pero ello no excluye que las miremos con objetividad. La Comisión Histórica se encargará de elaborar la reconstrucción del conflicto en un plazo que está establecido en cuatro meses a partir del 21 de agosto. Lo que ella produzca será insumo para la discusión del punto sobre víctimas. Así que si sólo tenemos en cuenta eso, es fácil concluir que los plazos para este año no dan».

Subrayó que las discusiones sobre «la dejación de armas y el cese bilateral del fuego -en cuya preparación comenzarán el próximo día 22 con la instalación de una subcomisión integrada por diez miembros de cada delegación- no van a ser sencillas».

Consideró que el Estado colombiano debe reconocer como «víctimas del conflicto a todos los afectados por el mismo desde su comienzo, que se remonta muchas décadas atrás».

Criticó que existe «una tendencia, incluso establecida legalmente, a dejar por fuera la condición de víctimas a muchas de ellas, como si el solo paso del tiempo bastara para restarles esa condición». Remarcó que a las víctimas «habrá que explicarles qué pasó, por qué razón fueron tratadas de ese modo, y entonces deberán salir a la luz los responsables de ello. Las víctimas deberán tener la satisfacción de que se les explique lo sucedido, sean cuales sean las causas, y eso ha de quedar claro no solamente para ellas, sino para todos los colombianos. La responsabilidad quedará determinada entonces». «En cuanto a la reparación y garantía de no repetición -resaltó- confiamos en que el proceso sea capaz de producir los cambios institucionales necesarios para que tales componentes sean reales. Muchas cosas tendrán que transformarse en Colombia para que en Colombia podamos considerar la página cerrada».

Sobre las operaciones militares contra la guerrilla y, en especial, contra integrantes del Secretariado, Timoshenko dejó claro que no tienen «la menor intención de asimilar la muerte de algún otro miembro del Secretariado, a menos de que se trate de causas naturales».

Eludió responder a la pregunta de si ello significaría la ruptura de los diálogos porque «hacerlo en un sentido u otro sería aventurado». «Nuestra intención es no pararnos de la mesa hasta conseguir un acuerdo definitivo. Pero no creemos que por eso nuestros adversarios deban de tirar de la cuerda de tal modo», incidió.