El president de la Generalitat, Artur Mas, quiso dejar claro ayer que «el único plan» que contempla en el proceso soberanistas es convocar el referéndum para el 9 de noviembre, después que su «número dos» en el Govern, Joana Ortega (Unió Democràtica), alarma al soberanismo catalán al decir que si el Tribunal Constitucional español impugna la consulta, los catalanes terminarán pronunciándose «si no es en este 9 de noviembre, en otro de noviembre».

«Sólo hay un plan», proclamó en la clausura de un acto oficial en Talamanca (Barcelona) para recordar el 300 aniversario de la última batalla que ganaron los catalanes en la Guerra de Sucesión, en 1714.

Al día siguiente de que la vicepresidenta catalana, la democristiana Joana Ortega, abriese la puerta a posponer la consulta, el convergente Artur Mas recalcó que mantiene intacta su hoja de ruta y que acordará cualquier decisión «importante» que afecte al proceso con el resto de partidos que apoyan el referéndum: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.

Durante su discurso, Mas quiso quitar hierro a algunas declaraciones de los últimos días de miembros del Govern que han cuestionado la celebración de la consulta el 9 de noviembre sin un aval del Tribunal Constitucional español. Hace unos días el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, había realizado manifestaciones similares y ayer mismo, el titular de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Josep Maria Pelegrí (UDC), señaló que, «como no puede ser de otra manera», comparte el criterio de la vicepresidenta, aunque aseguró que no existen «discrepancias» en el seno del Govern en torno a la consulta.

«En lo que dependa de mí, no hay `plan A', `plan B', `plan C', `plan D' y `plan E'. Sólo hay uno, que es votar», dejó claro el president, cuya intervención finalizó con consignas independentistas por parte del público, ante lo que calificó de «polémicas» veraniegas «innecesarias». Y agregó que debe hacerse de forma «constructiva, positiva y radicalmente democrática».

Así, insistió en que convocará el referéndum del 9 de noviembre en base a la ley de consultas populares no refrendarias que está previsto que se apruebe en el Parlament la segunda quincena de setiembre y llamó a aparcar las «especulaciones».

Buscar el consenso

En función de la respuesta del Estado a la aprobación de la ley de consultas y al decreto de convocatoria, se comprometió de nuevo a consensuar las «decisiones importantes» con los partidos favorables a la consulta -ERC, ICV-EUiA y la CUP- para que haya una «mayoría» en favor del proceso soberanista.

Además, volvió a apelar al consenso político como una de las «tres fuerzas» con las que cuenta el proceso soberanista, y advirtió de que si debilita el primero, se debilita también el segundo. La mayoría social en favor de la consulta y una forma de hacer las cosas que sea «constructiva, positiva, pacífica y radicalmente democrática», sostuvo, son los otros dos ejes que refuerzan el proceso.

Por eso, instó a los dirigentes políticos a tener claro que «en momentos excepcionales» se requiere altura de miras y no actuar con cálculos partidistas. «Se trata que todos vayamos lo más unidos posible para conseguir un objetivo de libertad», dijo.

El coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, defendió la consulta de noviembre y subrayó que esta «seguirá viva» aunque el Tribunal Constitucional la impugne o la suspenda y se hará «al amparo de una ley emanada de un parlamento legítimo y democrático, el Parlamento de Catalunya».

Fueran una serpiente de verano o reflejara una decisión del Govern, las declaraciones de Joana Ortega dirigentes de ERC, ICV-EUiA y la CUP se plantaron inmediatamente ante la posibilidad de un aplazamiento de la «irrenunciable» consulta, que consideraron un «suicidio» del Govern, y rechazaron que derecho a decidir sea potestad del Gobierno español y del Tribunal Constitucional. También desde el ámbito social, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural aseguraron que se mantendrán firmes respecto a la consulta del 9 de noviembre.

ERC insistió ayer, por boca de su portavoz en el Congreso español, Alfred Bosch, que el referéndum debe celebrarse en la fecha prevista aunque el Gobier- no español pueda hacer un «disparate» para impedirlo, y apeló a la «sangre fría, al sentido común y al temperamento sereno» para que el proceso «no descarrile». Su compañero de partido y de grupo en la Cámara Baja Joan Tardá señaló que no cree que «a nadie se le pueda ocurrir» no cumplir con el compromiso adquirido para celebrar la consulta.

El president prevé reunirse antes de la Diada con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para abordar la estrategia a seguir en otoño, informaron a Europa Press fuentes de la Presidencia.