Urkullu y la Comisión de Ética esquivan al Parlamento en el pago de propaganda como noticias
Ni el lehendakari ha hecho nada para tratar de recuperar el dinero público destinado a pagar publicidad encubierta como pidió el Parlamento, ni la Comisión de Ética Pública ha entrado en profundidad a la demanda de la Cámara.
El pasado 7 de julio el Parlamento reprobó al Gobierno de Lakua por la compra de espacios de noticias, reportajes o entrevistas, que encubrían en realidad campañas de publicidad y propaganda del Ejecutivo. Se hacía referencia a una serie de contratos suscritos con los periódicos y la radio del «Grupo Noticias», afín al PNV.
En dicho acuerdo, el Parlamento requirió al Gobierno que adoptara cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y «recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta».
El representante del PSE José Antonio Pastor preguntó recientemente al lehendakari sobre el cumplimiento de este acuerdo parlamentario. Iñigo Urkullu le respondió que el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz ha abierto diligencias previas en relación a estos contratos, por lo que «estando el asunto en vía judicial, y por respeto a las decisiones judiciales, las medidas que, en su caso procedan, están a la espera de la conclusión de las actuaciones judiciales».
Otro de los puntos aprobados por todos los grupos parlamentarios menos el PNV denunciaba que varios cargos públicos habían vulnerado el artículo 11.6 de su Código Ético, al haber defendido el pago a un grupo de comunicación por la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclando esta actuación con otras prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional.
El artículo 11.6 del Código Ético recoge que el cargo público debe «transmitir veracidad, credibilidad y no recurrir al engaño o a la distracción o encubrimiento de los problemas a resolver».
Comisión de Ética Pública
El Parlamento reclamó a la Comisión de Ética Pública creada por el Gobierno que analizara la actitud de estos cargos públicos. Sin embargo, dicha Comisión ha redactado un acuerdo en el que no entra a valorar la petición concreta, ni busca identificar a qué cargos se refiere, ni pide documentación sobre el caso y, pese a ello, se permite concluir que «no apreciamos contravención alguna del principio de honestidad, en la actuación de unos cargos públicos que, sin faltar al debido respeto al contendiente político, se han limitado a participar en el debate público, defendiendo sus posiciones, en un contexto abierto, plural y democrático, con los recursos argumentales y dialécticos que libremente han elegido para dar forma y credibilidad a su discurso».
La Comisión de Ética Pública, en la que participan como vocales externos Elisa Pérez Vera y Daniel Innerarity, no entra a la cuestión de la difusión de propaganda con apariencia de información, ni analiza las contradicciones en las que han incurrido el lehendakari y distintos consejeros para explicar los casos. Tampoco consta que pidiera información complementaria, como sí hizo en otra consulta sobre la materia del director de Comunicación de Lehendakaritza.
261.883 euros
Destinó Lakua en 2013 a informaciones, reportajes, entrevistas y programas especiales en los periódicos y la radio del Grupo Noticias, sin que constara que eran iniciativas pagadas.
A instancias de UPyD, en la actualidad el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz tiene abiertas las diligencias previas 3/60/2014 sobre estos contratos para la publicación y emisión de informaciones, reportajes y entrevistas de pago.
Los contratos no están redactados como patrocinios
Pese a que el Gobierno de Lakua ha pretendido escudarse en el concepto de patrocinio para escapar de las obligaciones legales que impone la contratación de campañas de publicidad -por ejemplo, que conste la entidad que encarga la campaña- lo cierto es que ninguno de los contratos remitidos al Parlamento y que obran en poder de GARA recoge este concepto.
El Departamento de Salud contrató la «redacción y publicación de varios reportajes para difusión de servicios de salud», que el Grupo Noticias publicó, incluida una entrevista con un responsable de Osakidetza, como informaciones sin avisar de que eran publicidad. La Consejería de Educación y Cultura se hizo un lío diciendo que había cambiado una campaña de publicidad por una mesa redonda sobre la Lomce, y también firmó un «contrato de servicios» con Onda Vasca de «8 programas de divulgación de la cultura vasca, con entrevistas a personajes de la vida cultural». Osalan pagó por entrevistar a su directora. Y todo ello sin mención alguna al patrocinio, al que tampoco aludió el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando dijo que una de estas inserciones de propaganda como información obedecía a la «voluntad de los departamentos por dar a conocer sus actuaciones». La Comisión de Ética Pública no ha preguntado por nada de esto. I.I.
Crítica a la Comisión Interdepartamental
A petición del director de Comunicación de Lehendakaritza la Comisión de Ética Publica ha analizado la actuación de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional llegando a la conclusión de que su trabajo no ha sido ordenado ni claro, siendo mejorable en los relativo a claridad y transparencia. I.I.
Lehendakaritza señala que Gasteiz ha hecho lo mismo y con el Grupo Noticias
El informe 8/2014 realizado por la Comisión de Ética Pública recoge que el director de Comunicación de Lehendakaritza aportó documentación sobre contratación del «gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz con el diario `Noticias de Alava' para la publicación de una serie de reportajes bajo el epígrafe de `Vitoria-Gasteiz en movimiento'» y da cuenta de nueve reportajes publicados entre el 26 de octubre de 2013 y el 19 de julio de 2014».
El director de Comunicación de Lehendakaritza deja constancia expresa, por un lado, de que en dichos reportajes en ningún caso «se mencionaba el hecho del patrocinio ni se identificaba la administración promotora o contratante del mismo». Por otro lado, evidencia el carácter laudatorio que la noticia tuvo con la actuación el Gobierno municipal de Gasteiz. Recuerda que «el reportaje llevaba un título en el que se destacaba la importancia del logro alcanzado: `Por fin, una estación de calidad para Vitoria'. El subtítulo, subrayaba la importancia del proyecto, destacando el hecho de que `La terminal de autobuses de Lakua pone fin a más de 20 años de provisionalidad de Los Herrán». Apunta además que se incluían unas declaraciones entrecomilladas del alcalde de la ciudad, Javier Maroto.
Este diario ha comprobado que ciertamente estos reportajes se han publicado, ocupando las tres primeras páginas del mencionado diario y sin ninguna indicación de que se tratara de un contrato.
En opinión de Lehendakaritza, esto evidencia que también el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cree que hay un ámbito publicitario que no está sujeto a las previsiones de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi.
Pero lo que también llama la atención de la información aportada por Gobierno de Lakua es el hecho de que tenga en su poder documentación que afecta a los contratos de una empresa privada con una institución ajena, que nada tiene que ver con el ámbito de actuación del director de Comunicación de Lehendakaritza.
Este extremo tampoco parece haber suscitado ningún tipo de duda o pregunta en la Comisión de Ética Pública del Gobierno de Lakua. I.I.
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