01/11/2014

Granados, a prisión pese a refugiarse tras Marjaliza y la amnistía fiscal

El exdirigente madrileño del PP Francisco Granados y los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro han sido encarcelados sin fianza tras la Operación Púnica, como máximos responsables de una red de corrupción con obras públicas con impacto en cuatro comunidades y varios partidos (a los numerosos cargos del PP se suman un alcalde del PSOE y un asesor de IU). Granados alegó que el dinero es de Marjaliza, y este, que se acogió a la amnistía fiscal.

GARA MADRID
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La llamada Operación Púnica, la más amplia desarrollada en el Estado español contra la corrupción (con impacto en políticos, técnicos y empresarios), se salda ya con siete encarcelamientos sin fianza, otros trece eludibles, cuatro libertades tras abonar la fianza y los ocho detenidos restantes liberados con cargos. A la cabeza de todo sitúa el juez Eloy Velasco a uno de los principales exdirigentes del PP en Madrid, Francisco Granados, que ha dormido en Soto del Real acusado de siete delitos.

Entre ellos sobresale el de «organización criminal». Velasco habla en su auto de una «amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades». Junto a Granados sitúa al empresario David Marjaliza, amigo desde la infancia y socio del exdirigente del PP.

El exsecretario general del PP de Madrid negó las acusaciones y afirmó que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza. Según informó la agencia Europa Press, Granados asume que abrió una cuenta en Suiza en 1996, argumentando que fue porque su agente se cambió de banco. Pero añade que en el 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito.

Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.

Granados también negó haber realizado negocios u operaciones comerciales con Marjaliza, y señaló que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas.

Los acusados añadieron, además, que Marjaliza se habría acogido a la amnistía fiscal para regularizar estos fondos. Esta amnistía promovida por el Gobierno del PP en 2012 se está convirtiendo en un argumento exculpatorio habitual en este tipo de sumarios.

La defensa de Granados es ejercida por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina.

Además de Granados y Marjaliza, han ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real sin fianza el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); uno de los supuestos cabecillas de la red y «conseguidor» de contratos públicos, Alejandro de Pedro; Ana María Ramírez, señalada como la «mano derecha» de Marjaliza; y un directivo de Cofely, empresa situada en el centro de la trama, Pedro García.

Matas, en tercer grado

Al mismo tiempo que Granados entraba en prisión se conocía el acceso a tercer grado del expresidente de Baleares y exministro Jaume Matas. Seguirá cumpliendo su pena de nueve meses de cárcel en régimen abierto.

Matas es el exdirigente político más relevante que ha entrado en prisión por corrupción (estaba en Segovia desde julio). Se le condenó por tráfico de influencias a una pena menor, pero tiene otros casos pendientes.

Miembros de EH Bildu denunciaron la corrupción ante la sede gasteiztarra del PP citando episodios cercanos como las dudas sobre la sede del partido en Bilbo o el asunto de los locales de la calle San Antonio. Kike Fernández de Pinedo destacó que todo ello quita aún más legitimidad al PP para hablar de fraude, «cuando son ellos los que están saqueando las arcas públicas». EH Bildu pide a los partidos conformar «un cordón sanitario» sobre la campaña racista del alcalde, Javier Maroto [más información en página 11].

El guardia civil puso todo «en grave riesgo», pero es liberado

El juez Velasco señala también en sus autos que el agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino «puso en grave riesgo la investigación» al filtrar información al exconsejero Granados y a su socio Marjaliza. Apunta concretamente al agente como el responsable del chivatazo sobre la instalación de un medio de vigilancia de vídeo en las inmediaciones de la sede empresarial de ambos.

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, con ello «ha dificultado severamente la marcha» de la investigación. Pero además, añade, el guardia civil «habría realizado activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación a requerimiento de Granados o su amigo José Luis Caro Vinagre».

Así las cosas, el juez de la Audiencia Nacional imputa a Rodríguez Talamino un delito de revelación de secretos. En cualquier caso, lo pone en libertad con la única obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano.