Los imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid culpan a Miguel Blesa
La Audiencia Nacional no considera que debe enviar a prisión a Rodrigo Rato porque entiende que no se va a fugar. Esa decisión llega el mismo día que han comenzado a declarar los consejeros de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas opacas para su uso personal.
La Audiencia Nacional rechazó de nuevo que el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ingrese en prisión incondicional porque no se desprende de sus viajes a Suiza que haya «llevado a cabo» un intento de fuga durante los dos años en los que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
Esta decisión coincidió con el inicio de la toma de declaración a los exconsejeros de Caja Madrid como imputados en la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas opacas. Discreparon sobre el objeto con el que se les entregó la suya, si bien coincidieron en que «su uso para gastos personales empezó con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia».
La entrada a la vista judicial estuvo salpicada por gritos de «ladrones» de las numerosas personas que se concentraron.
Ante el juez Fernando Andreu, el representante del Ministerio Fiscal exigió fianzas civiles para José Antonio Moral Santín, que cargó 456.552 euros; el exalcalde socialista José María Arteta (137.617); Pedro Bedia (78.200); el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que desembolsó 93.984 euros y que se negó a declarar; el socialista Ramón Espinar (173.999); e Ignacio de Navasqües (191.981). Por el contrario, no ha pedido cantidad alguna para Juan José Azcona (99.300) al entender que la tarjeta que se le dio era para gastos de representación y no suponía una retribución complementaria, informaron a la agencia Efe fuentes jurídicas.
Tampoco para Gonzalo Martín Pascual (129.700), Guillermo R. Marcos Guerrero (130.947) y Rodolfo Benito (140.600), aunque se ha reservado la posibilidad de hacerlo más adelante para los dos últimos, que han impugnado los gastos que les atribuyó Bankia en el informe de auditoría interna que destapó el escándalo y han alegado que solo incurrieron en gastos derivados de sus cargos. De momento, el juez concluyó la primera jornada de interrogatorios sin tomar una decisión al respecto, al contrario de lo que ocurrió el pasado mes de octubre durante las declaraciones de Blesa y Rodrigo Rato, que culminaron con la imposición de unas fianzas de 16 y 3 millones de euros, respectivamente.
La mayoría de imputados coincidieron en subrayar que «hubo un cambio de naturaleza, de uso» de estas visas a raíz de que Blesa llegara al frente de la entidad. Antes de ello, el exsecretario del Consejo Ángel Montero les facilitó una tarjeta para gastos de representación.
Unai Sordo defiende el gasto elevado de Comfia
El secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, defendió el gasto elevado en Comfia, la antigua federación de Banca, porque tiene una acción sindical en «un sector sumamente desperdigado, diseminado y atomizado como es el de la banca y las cajas de ahorros. Lógicamente genera unos gastos de actividad enormes en una organización sindical» y aseguró que «no pagó sobresueldos, sino complementos salariales cotizados en la Seguridad Social y en el IRPF y aprobados por los órganos de dirección».
Estas declaraciones surjen a raíz de una extensa publicación por parte del diario «El País» del pago de 3,7 millones en sobresueldos y complementos que habrían cobrado los delegados sindicales de esa central y el gasto de 14 millones en viajes y reuniones en cinco años. Según esa información periodística, «los dirigentes sindicales desembolsaron decenas de miles de euros en asadores y marisquerías».
El informe relata que «el restaurante El Zorzal y las sedes de Comfia y Caja Madrid formaron un triángulo en el que se movieron muchos hilos que acabaron enredándose en la quiebra de la entidad» y cita a dos exdirectivos de Comfia: María Jesús Paredes y Francisco Baquero. GARA
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