La querella interpuesta por la Diputación de Bildu por la supuesta facturación de trabajos falsos en la AP1 por parte de Bidegi en la anterior legislatura comienza mañana su recorrido en el Juzgado de Azpeitia, después de un aplazamiento anterior. Está citado en primer lugar, en calidad de imputado, Agustín Zugasti Arizmendiarrieta, que fue director técnico de la sociedad pública Bidegi y firmó la propuesta de liquidación de la obra en junio de 2011, celebradas ya las elecciones forales y a escasas semanas de que se produjera el relevo en Diputación.

Posteriormente testificarán Juan Bautista March Fábregues e Iván Fernández de Landa, representantes respectivamente de la empresa de ingeniería que avaló los trabajos y la UTE que los llevó a cabo. La cuarta persona que firmó aquella liquidación investigada era Borja Jauregi, exalcalde de Hondarribia y entonces director general de Bidegi, que falleció el pasado verano tras una larga enfermedad.

De las tres declaraciones judiciales citadas, la de Zugasti es la que genera mayor atención dado el grado de sus responsabilidades en Bidegi. Se trata además de uno de los cargos de la sociedad pública que disponían de un contrato blindado, según descubrió y denunció Bildu al asumir la gestión de la Diputación guipuzcoana.

Zugasti entró en Bidegi en 2003 y dispuso del citado blindaje desde 2006, con una indemnización que ascendía a 355.000 euros en caso de despido. Era la mayor de las aprobadas por los anteriores rectores de Bidegi, por encima de las de Marisa González, directora de Explotación (295.000 euros); Alfonso Sánchez-Povés, director de Finanzas (331.ooo euros); e Idoia Lazkano, administrativa (109.000 euros).

Tras denunciar públicamente esta excepcionalidad, enmarcada en una gestión que elevó la deuda de Bidegi hasta los 900 millones de euros, la Diputación dictó el despido de Zugasti por causas objetivas, concretando que labores como las que él realizaba habían sido asumidas directamente por la Diputación. Sin embargo, el director técnico ahora imputado recurrió y consiguió hacer valer en los tribunales el blindaje contractual. Ascendía a 48 meses salariales con un sueldo mensual de en torno a 6.000 euros, de modo que la indemnización final rondó los 300.000 euros.

¿La punta del iceberg?

El propio Consejo de Administración de Bidegi reprobó aquellos procedimientos en julio de 2013 y prohibió que se repitieran en el futuro por «ser contrarios al interés público».

Ahora, Zugasti y la Diputación se vuelven a ver las caras en los tribunales. La querella admitida a trámite por el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte aprecia posibles delitos de «falsificación de documentos», en el caso de todos los imputados, y de «malversación de fondos públicos» en el de Zugasti.

La querella se interpuso tras el descubrimiento de que en el depósito de Basagoiti-2 no había un enorme volumen de tierra (900.000 metros cúbicos, el tamaño del estadio de Anoeta) facturado en 2011 como cantidad movida para hacer la AP1 entre Arrasate y Eskoriatza. Por aquella tierra inexistente se abonaron 500.000 euros, a lo que la Diputación actual suma los 900.000 pagados después por la supuesta no disponibilidad de Basagoiti-2 y otros dos millones por lo abonado de más en varias zonas de excavación; es decir, un total de 3,4 millones de euros.

Además, el hallazgo de esta irregularidad ha dado pie a una exhaustiva revisión en la que están aflorando más irregularidades, por lo que la Diputación de Gipuzkoa no descarta una ampliación posterior de esta querella.

De hecho, en el marco de esta inspección interna han aflorado otras circunstancias irregulares que atañen al propio Zugasti. Por ejemplo, sospechas muy fundadas de trato de favor a la empresa de un familiar cercano que ofertaba material y supervisión a Bidegi, a Bidelan y a empresas que participaban en las obras. Constan mensajes con peticiones muy expresas de ayuda al entonces director técnico de Bidegi, que luego terminan con contrataciones.

Agustín Zugasti no ha sido citado a la comisión de investigación de las Juntas Generales debido a su condición actual de imputado, pero sí tendrán que testificar allí el entonces diputado general, Markel Olano; el diputado de Carreteras, Eneko Goia; o el exdiputado general de Bizkaia y ahora presidente de la empresa de ingeniería investigada, Josu Bergara.