Con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el bolsonarismo demostró su capacidad para movilizarse y la amenaza que pende sobre el mandato del presidente, Luiz Inàcio Lula da Silva.

Pero la reacción de Lula, las medidas adoptadas y el cierre de filas que mostraron los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han reducido su margen de maniobra en el ámbito institucional y, sobre todo, han puesto al ultraderechista Jair Bolsonaro en el punto de mira.

Solo un estrecho margen de votos no lo mantuvo en la Presidencia, lo que parecía conducirle a liderar una dura oposición. Pero tras el freno al asalto, su tibio rechazo al ataque y su salida apresurada a Estados Unidos, su liderazgo ha quedado muy cuestionado.

Varios de sus más próximos aliados ya se han distanciado, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, un exministro que estuvo presente en la reunión convocada por Lula para defender las mismas instituciones desacreditadas de forma constante por el expresidente.

Otros, como el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y su secretario de Seguridad, Anderson Torres, han sido cesados por omisión de sus funciones y connivencia con los asaltantes y el Supremo ordenó detener al exministro de Justicia Anderson Torres.

El resto de la derecha tampoco «va a querer tener a Bolsonaro como su líder» y mantendrá las distancias para evitar reducir su espectro electoral, según el politólogo Rogério Arantes, profesor de la Universidad de Sao Paulo. «Nadie quiere pasar a la historia como un golpista», sentencia Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política del centro de estudios Fundación Getulio Vargas. A su juicio, Lula sale fortalecido y con más legitimidad al posicionarse como contrapunto de un bolsonarismo «nítidamente aislado».

Mientras, Bolsonaro lamentaba ayer desde el hospital de Orlando, en el que se encuentra internado por dolores abdominales, que no haya tenido «días tranquilos» desde que está en EEUU, tanto por su afección, derivada de un apuñalamiento en 2018, como por lo que denominó «ese lamentable episodio en Brasil». Aseguró en la CNN que volverá a su país , donde «los médicos ya saben de mi problema».

Varios congresistas de EEUU han reclamado al presidente, Joe Biden, que expulse al expresidente brasileño mientras el Gobierno estadounidense dijo que está a la espera de recibir una petición por parte de Brasil para colaborar. Biden mostró su apoyo a Lula con una invitación a la Casa Blanca para el mes que viene.

A la vez, en Brasil varios congresistas impulsan una comisión especial parlamentaria que investigue el grado de implicación de Bolsonaro en unos actos por los que los más de mil detenidos -600 fueron liberados ayer- pueden enfrentarse a cargos relacionados con «terrorismo», rebelión y golpismo.

Pero el bolsonarismo, como el trumpismo en EEUU, sigue vivo. Mientras que no se desarticulen las redes de financiación «el país está sujeto a nuevas embestidas» como la del 8 de enero, estima Arantes.

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, puso también el foco en quién financió el asalto y aseguró que las autoridades han identificado en diez estados a los responsables y a los contratistas de los autobuses que los transportaron. La Abogacía General de la Unión solicitará bloquear los bienes de las empresas sospechosas y el juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó requisar los autobuses y la comparecencia de sus dueños.

Dino responsabilizó también al Gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue determinante para posibilitar el asalto a los edificios públicos. Lula decretó la intervención del Estado federal en Brasilia, orden que ratificó ayer el Congreso. El ministro aseguró que devolverá la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia «lo antes posible», después de revisar la responsabilidad del cuerpo policial.

Días después de que se confirmara el triunfo de Lula, la Policía Federal y la Fiscalía ya abrieron una investigación sobre la financiación de las protestas que convocaron los acólitos de Bolsonaro que no aceptaban su derrota, y sobre la amplia infraestructura -baños portátiles y comedor gratuito incluidos-- con la que contaban en el campamento a las puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia.

Apoyos americanos y debate en la OEA

«No puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas (...) Nuestra región debe tener una clara posición al respecto», afirmó el presidente chileno, Gabriel Boric, junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Ambos denunciaron el intento de golpe en Brasil y pidieron unidad regional para fortalecer las democracias. En una comparecencia conjunta en La Moneda, ambos mandatarios confirmaron el lunes que pedirían una reunión extraordinaria en la OEA. Hoy se celebrará la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de esta organización para analizar «los actos antidemocráticos» ocurridos en Brasil. «Está en peligro el pacto democrático en las Américas», afirmó Petro, que también criticó a la OEA por haber «perdido su camino» mientras la extrema derecha atenta contra la democracia porque le quita privilegios y «permite que la diversidad de nuestras poblaciones sean dueñas de nuestros propios países». El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió también el asalto «por parte de los grupos neonazis, neofascistas del bolsonarismo», que comparó con la extrema derecha venezolana.GARA