Julen Arzuaga (Laudio, 1972) no necesita presentación para quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos, pero quizás sí para quienes solo siguen el ámbito de la política profesional clásica. Es evidente a primera vista que su trayectoria, su edad e incluso su aspecto no son las habituales de un consejero de estas áreas, pero más novedoso aún resulta el discurso de EH Bildu. Este domingo ha sido entrevistado en GARA.

Libertades Ciudadanas. El nombre marca ya clara diferencia respecto a Interior y Justicia...

Lo escogimos porque siempre ha habido una tensión teórica entre lo que es Justicia, como salvaguarda de los derechos humanos, y lo que es Interior, que se preocupa mucho más por relajar esa salvaguarda para dedicarse al control, a la seguridad, al orden público... Queremos rescatar lo que ha sido solo un apartado dentro de Justicia y ponerlo en el frontispicio de nuestra actividad, situar los derechos humanos por encima de todo y que cualquier acción lleve ese marchamo.

Como jurista dedicado a los derechos humanos, ¿para cambiar todo eso hay que cambiar también las policías, las leyes, los jueces, los tribunales...?

Sí. Y vamos a ello. Lo que me da mi militancia en este campo es conocimiento para saber cuáles son las prácticas buenas, las malas y las nefastas. Lo he visto en Euskal Herria y también conozco los estándares de derechos humanos que se manejan fuera, por ejemplo en las Naciones Unidas. También he conocido personas que venían del ámbito de los derechos humanos y luego han desempeñado y desempeñan importantes cargos institucionales, como Rigoberta Menchú, José Ramos Horta o Evo Morales. Los activistas por los derechos humanos podemos gestionar este campo con mayor sensibilidad.

¿Si se puede hacer eso con el formato actual? Vemos que existen leyes-chicle, leyes-embudo... igual dan para un roto que para un descosido. Así que la ley permitiría hacer muchas cosas seguramente, pero desde EH Bildu no vamos a hacer una simple gestión de ellas. Queremos reformar leyes, instituciones, organismos de gobierno...

Pero todo ese entramado de jueces, leyes, policías... se situará enfrente. ¿Cómo se puede contrarrestar eso?

Trabajando a dos niveles. Por un lado el de gestión, pero por otro el de los objetivos estratégicos. Hay que hacer virar estas instituciones poco a poco hacia nuestros objetivos: la soberanía y los planteamientos de izquierda. Ese entramado viene de un Estado español que en un momento dado otorga un régimen autonómico: el del Estatuto. Para nosotros siempre ha sido absolutamente insuficiente, pero partimos de esa base para poner todas esas instituciones en el carril de la soberanía, la independencia, la izquierda, las políticas sociales...

¿Hay algún modelo policial en el mundo que les sirva de inspiración?

Sí hay cosas que nos parecen interesantes, pero por encima de eso lo que queremos es abrir un debate muy abierto sobre qué policía pide este país en este momento concreto. Es curioso ver que se ha dado un debate muy a la carrera sobre la cuestión de los escoltas por las nuevas circunstancias, y nos preguntamos por qué esto no ha ocurrido en el sector público de la seguridad, por qué no se quiere entrar en eso. Es prioritario.

Una política menos securócrata ¿conlleva menos ertzainas?

No lo sé. Lo que está claro es que haremos una política menos securócrata. Por eso hay que hacer ese debate: ¿Cuánta policía se necesita para eso, qué tipo de agentes, de qué sectores sociales deben provenir? Hay una cosa clara: existe una animadversión evidente de las policías, incluida la autonómica, hacia sectores políticos, y esa animadversión es compartida por estos. Las reglas internacionales dicen que cualquier cuerpo policial tiene el derecho a estar bien imbricada en su sociedad, pero esto no es así hoy en día.

¿Qué le parece la actitud de la Ertzaintza sobre la muerte de Iñigo Cabacas?

Me recuerda mucho a otras que hemos visto históricamente desde otros ministerios de Interior. Primero, cerrar filas en torno a los infractores; luego, dificultar y alargar la investigación, dar datos circunstanciales o no reales... Me recuerda a las versiones oficiales en el caso de Mikel Zabalza, en el de Fernando Elejalde... casos evidentes de tortura que se dejaron sin investigar. En el caso de Iñigo Cabacas creo que habrá una parodia de investigación, pero no se depurarán responsabilidades. Podemos asegurar que con nosotros se cerrarían filas, pero no en torno al infractor, sino a la víctima.

¿Con qué planteamiento afrontan lo que se denomina como «delincuencia común»?

Tanto en casos políticos como comunes, planteamos «calabozos transparentes». Abogados, forenses, familiares... deben tener acceso a la persona detenida. Y apostamos por la perspectiva preventiva: muchos delitos comunes se deben a estados de necesidad, falta de formación en respeto a la ciudadanía, en derechos humanos...

Luego está el tema posterior, el penitenciario. El sistema actual es el fracaso de toda la sociedad. Se tendría que reducir el apego a la pena de prisión, muchas veces excitada por ese populismo punitivo. También la prolongación de las penas... Hay mucho por hacer.