El texto aprobado se recoge en una enmienda del PNV a una proposición no de ley de EH Bildu, apoyada por ambos grupos –suman 48 de 75 parlamentarios– y rechazada por PSE, PP y UPyD.

A través de esta iniciativa, la Cámara de Gasteiz advierte sobre «la delicada situación en la que se encuentran varios reclusos vascos gravemente enfermos», para reclamar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que les aplique el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario de forma «no restrictiva».

Este artículo recoge que los prisioneros con enfermedades incurables graves podrán ser clasificados en tercer grado por razones «humanitarias y de dignidad personal».

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha planteado que tras el cese de la actividad de ETA «no hay disculpas para no aplicar la ley de manera ordinaria y sin restricciones» porque poner «requisitos» para la puesta en libertad de estos presos es «contrario a la dignidad humana».

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha considerado que a estos presos sólo puede exigírseles el «requisito de la solicitud del penado y la constatación médica de su situación».
Rodolfo Ares (PSE) ha defendido que sean excarcelados los presos que cumplan las condiciones necesarias para ellos, pero ha subrayado que «muchas cosas se resolverían» si ETA se disolviera.

Nerea Llanos (PP) ha asegurado que la libertad de los presos enfermos se toma «bajo estrictos criterios médicos», mientras que el único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro ha acusado a los parlamentarios de EH Bildu de ser los «voceros de ETA», «los defensores del tiro en la nuca» y de querer «saltarse la legalidad para excarcelar cuanto antes» a los presos.