Una de las principales novedades de la operación del pasado miércoles contra la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) fue que las pesquisas fueron más allá del partido nacionalista para alcanzar a la Administración pública, con la detención del director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, la empresa pública encargada de gestionar los concursos públicos de adjudicación de obras. Es para defender el nombre de la Generalitat que el president en funciones, Artur Mas, ha comparecido esta mañana ante la diputación permanente del Parlament, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria entre dos legislaturas.

«Es un sistema de plenas garantías y máxima transparencia», ha asegurado Mas, que ha calificado el entramado de adjudicación de obras de la Generalitat de «impecable». «No hay errores ni, por supuesto, posibilidad de influir de manera partidista o personas, se ha ido sofisticando de manera que cada vez se limita más la capacidad de influir», ha añadido, antes de rematar asegurando que «es transparente, da garantías y no da margen de discrecionalidad».

Antes de pasar a detallar cómo funciona el sistema de adjudicación pública, el president ha vuelto a denunciar que «algunos medios estaban avisados de la operación» del miércoles, algo que, a su juicio, indica que «se busca el espectáculo porque se busca hacer daño a Convergència». «Estoy totalmente a favor de que se investigue, es necesario, pero tenemos que separar la buena finalidad de una investigación de lo que es el espectáculo, que tiene poco que ver con la buena finalidad de la investigación», ha zanjado.

«Llevamos 10 años seguidos de investigación, 10 años con la lupa encima, lo registran todo y lo examinan todo. Y en 10 años investigándolo todo, no hay ni una sola sentencia que haya podido probar absolutamente nada», ha concluido Mas, que ha hablado cerca de una hora antes de ceder la palabra a los grupos parlamentarios.

La oposición pide a Mas que renuncie

En el turno de intervenciones de la oposición, la primera en hablar ha sido la portavoz de ERC, Marta Rovira, que ha coincidido con Mas en que «no es casualidad que estas operaciones se produzcan en este momento», pero que ha pedido al president en funciones que «haga limpia», antes de preguntarle si «está dispuesto a asumir todas las responsabilidades» en caso de sentencia condenatoria.

El resto de grupos de la oposición ha endurecido el tono de sus intervenciones y todos, a excepción de la CUP, que no tiene representación en la diputación permanente del Parlament, han pedido a Mas que dé un paso atrás y renuncie a la reelección como president. También le han afeado que relacione las operaciones judiciales con el momento político de Catalunya, recordándole todos (PSC, PP, ICV-EUiA y Ciutadans) que la investigación parte de la denuncia de una concejal de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

El líder del PSC, Miquel Iceta, le ha preguntado si mantiene su confianza en los detenidos, antes de asegurar que las operaciones no tienen nada que ver con el proceso independentista, recordando que tanto el 3% como el caso Palau son casos previos al inicio del proceso. Tras él, el portavoz del PP, Santi Rodríguez, no ha tenido pudor en pedirle a Mas que renuncie a la presidencia de la Generalitat por «motivos políticos, pero sobre todo éticos».

Desde ICV-EUiA, Joan Herrera, ha criticado que Mas haya comparecido como president de la Generalitat y no como presidente de CDC. «Ha venido a hablar, pero no a explicarse», ha criticado el ecosocialista, quien ha pedido que la Generalitat se persone en el caso como afectada. Por último, la nueva cara de Ciutadans en el Parlament, Inés Arrimadas, que será cabeza de la oposición a partir del próximo lunes, ha criticado el «victimismo» de Mas y ha advertido de que, con ellos en la oposición, «el chollo se le ha acabado».

Mas niega la mayor

En el turno de réplica, Mas, que no ha respondido ni mucho menos a todas las preguntas, ha explicado que no tiene «conocimiento del sistema de financiación del partido al detalle», pero que «la defiende». Ha repetido que «no hay vinculación entre la adjudicación de obra pública» y ha reiterado que al tesorero de CDC encarcelado, Andreu Viloca, y a su predecesor, Daniel Osácar, detenido hoy y posteriormente puesto en libertad, «se les ha tenido y se les tiene confianza para el trabajo que se les encomendó».

Mas, que ha confirmado que durante el mismo miércoles estaba reunido con el expresident Jordi Pujol cuando se enteró de la operación –«¿Cómo puede ser que se haya publicado? ¿Hay seguimientos especiales?», ha preguntado–, ha concluido volviendo al principio y negando la mayor: «El núcleo de lo que se está investigando es si hay trato de favor de la Administración pública a las empresas. Si no puede haber trato de favor (tal y como asegura), no puede haber comisiones. Todo lo demás cae por su propio peso».

Finalmente, sobre las peticiones de renuncia, Mas ha recordado que el 27S «más de 1.650.000 personas» le votaron como president. «¿Es de un gran sentido democrático que renuncie después de este apoyo en las urnas?», ha preguntado para finalizar.