Cuando el director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, denunció haber sido torturado por la Guardia Civil, el ministro del Interior español Angel Acebes llegó a querellarse contra él. Los tribunales españoles nunca admitieron la denuncia de Otamendi, pero en Euskal Herria todos, incluido el PNV, le creen. A él y a Juan Mari Torrealdai.

Cuando Urtza Alkorta denunció haber sido torturada por la Ertzaintza, el Ararteko pidió la grabación de los interrogatorios, el Departamento de Interior le respondió que no era posible «por existir diligencias previas judiciales». El consejero Rodolfo Ares se querelló el 23 de abril de 2010 contra el abogado Alfonso Zenon por injurias y dijo que a los detenidos se les había aplicado el protocolo que incluía la grabación en vídeo, pero cuando el 5 de mayo el Juzgado número 3 de Durango requirió esos vídeos por la denuncia de cuatro casos de torturas, el Gobierno respondió que las grabaciones ya no existían porque, según explicó más tarde Estefanía Beltrán de Heredia, se borran de forma automática a los tres meses. Pero lo cierto es que la instrucción de la Ertzaintza refleja que se conservarán si «pueden formar parte de un sumario judicial», como el de la querella de Ares o el anterior aducido ante el Ararteko. Y eso no se hizo.

Cuando Sortu incluyó este fin de semana a la Ertzaintza entre sus denuncias de torturas, la consejera de Seguridad primero y el portavoz del Gobierno ayer, respondieron asegurando que la Policía autonómica nunca ha sido condenada por este delito. Y es cierto. Tan cierto como que de todas las denuncias de torturas contra la Guardia Civil y la Policía Española solo se han sustanciado 21 condenas judiciales, y después muchos de los condenado han sido indultados e incluso ascendidos. Pero eso no ha impedido que el PNV afirmara en el Parlamento que esas torturas existían. No hay que olvidar que según la verdad oficial Unai Romano se autolesionó.

Informe del Gobierno

En el último dosier de Euskal Memoria, recogido por GARA este mismo domingo, de los 5.657 casos de tortura verificados, 407 corresponden a la Ertzaintza. Un informe científico sobre 45 casos de torturas comprobados en base al “Protocolo de Estambul” y expuesto en el Parlamento de Gasteiz el 12 de noviembre de 2014 señaló que el 15,5% de los casos eran por detenciones de la Ertzaintza.

Aunque nadie de momento ha discutido estos informes, el Gobierno de Lakua podría aducir que no los controla. No puede hacer lo mismo con el que está elaborando un equipo del Instituto Vasco de Criminología dirigido por el forense Paco Etxeberria para el propio Ejecutivo autonómico, y cuyas conclusiones provisionales fueron presentadas el 27 de junio de 2016 por su autor y por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. El estudio objetiva la existencia de al menos 4.810 casos de tortura, de los que 311 tienen la autoría de la Ertzaintza.

El dato está ahí. Incontrovertible. ¿Qué ha hecho el Gobierno con ello? El jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, dijo 24 horas después y en el seno de las mismas jornadas que habría que esperar al final del informe, que no lo conocía, pero que la Ertzaintza es un «modelo contra la tortura». Jonan Fernández apuntó un día más tarde que «el estudio requería una reflexión autocrítica del Gobierno vasco», pero de inmediato alabó las medidas adoptadas por la Ertzaintza desde 2003.

Y el lehendakari, preguntado por el tema en una entrevista de GARA, respondió «¿qué es lo que ha sido tortura? ¿Es lo mismo tener de pie a una persona en un interrogatorio o lo que pueda ser la práctica de la bolsa o la práctica de electrodos? ¿Es lo mismo? Pues no, no es lo mismo». Ahí los malos tratos no se niegan, sino que se gradúan.

El 11 febrero de 2016 el Parlamento de Gasteiz, con el voto de PNV y PSE, instó «a los poderes públicos a que se comprometan a depurar con todo rigor y diligencia las actuaciones de servidores públicos» y expresó «su solidaridad a todas las personas que han sufrido tortura y malos tratos». Si según el Gobierno español las denuncias son «de manual de ETA» y según Lakua el comportamiento de la Ertzaintza es ejemplar ¿a qué poderes públicos se refería el acuerdo del Parlamento?

Jonan Fernández sostuvo que el estudio de Paco Etxeberria requería una «reflexión autocrítica» de Lakua. ¿Cómo hacerla si se niega el problema?