En su resolución, la Audiencia ha estimado el recurso que la Fiscalía presentó contra el archivo del caso –iniciado a raíz de una denuncia del PP– que en enero de este año decretó el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona al considerar que la apertura de las dependencias municipales se había limitado a una ‘performance’.

Con esta decisión, la Audiencia ha dejado sin efecto este archivo del juzgado, y los ediles Oriol Lladó (ERC); José Antonio Téllez (Guanyem Badalona en Comú); Agnès Rotger (ERC); Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (los tres últimos de Guanyem Badalona en Comú) podrían acabar sentándose en juicio en el banquillo de los acusados.

En su razonamiento, el tribunal contradice al juzgado de instrucción y reafirma que existía un mandato judicial «expreso y claro», que los investigados conocían, de que no podían abrir las dependencias municipales tanto al público como a los empleados.

Según la Audiencia de Barcelona, los concejales desatendieron esta orden y llevaron a cabo «actividades administrativas», pese a que el juzgado de instrucción había considerado su actuación una mera ‘performance’.

El juzgado, en su auto de sobreseimiento, razonaba que los encausados –el alcalde en funciones y varios concejales– no tenían la consideración de empleados públicos y, por lo tanto, su acceso a las dependencias municipales no podría contravenir nunca un mandato judicial.

La Audiencia también rechaza este argumento, pues recuerda que «es el alcalde quien, conforme a las disposiciones básicas del Régimen Local, posee la dirección de la administración municipal y ostenta la jefatura superior de todo el personal».

En su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción, los ediles alegaron que actuaron legítimamente para defender la soberanía local y acusaron al PP de instrumentalizar la Justicia.