Pese a no compartir la decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de Lakua «acata» la sentencia, según han declarado fuentes del gabinete de Iñigo Urkullu.

Han recordado que esta ley, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2015, no fue impulsada por el Ejecutivo, sino que se trato de una iniciativa planteada por los propios grupos de la Cámara.

Han añadido que cuando el Gobierno español recurrió la norma el Ejecutivo Urkullu defendió el «pleno encaje constitucional» de esta ley, primero en el proceso de negociación con el Gobierno de Madrid y, con posterioridad, a través de las alegaciones presentadas ante el TC.

El Ejecutivo autonómico ha lamentado que el Constitucional haya optado por la decisión «más drástica», la anulación de varios de los apartados de la norma, y ha afirmado que no está «de acuerdo» con la interpretación que hace el TC. Además, ha recordado que varios magistrados han discrepado de la sentencia a través de un voto particular.