El magistrado de la Sala de lo Penal del citado tribunal Andrés Palomo Del Arco ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar al consejero Ayerdi por los préstamos concedidos a la empresa Davalor durante la anterior legislatura, en la que era vicepresidente del Gobierno navarro, según informa el TSJN a través de una nota.

Además, el juez instructor ha fijado una fianza de 10.000 euros a UPN, que presentó la querella el pasado 2 de junio, para poder ejercer la acción popular.

En su auto, resuelve también que se dé traslado de la misma al investigado y que se le instruya de sus derechos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El pasado 14 de diciembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó abrir causa al consejero del Gobierno navarro por los delitos citados para esclarecer la supuesta concesión irregular a Davalor de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La querella de UPN que ha dado pie a la causa contra el actual consejero de Desarrollo Económico expone que Ayerdi, que entonces era Vicepresidente Primero del Gobierno de Nafarroa, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedió en setiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de un millón de euros, «sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia».

Asimismo, acusa a Ayerdi de «no solo no instar el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos» a Davalor. Según apunta el Tribunal Supremo, el primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno navarro, en junio de 2015, declaró el proyecto como de «interés foral», lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Del mismo modo, subrayan que «tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento» de Iruñea. La querella añade que Davalor, «en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo», destinó el dinero a «abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad».

No está formalmente imputado

Según han señalado a NAIZ fuentes jurídicas, el auto que ha hecho hoy público el Tribunal Supremo no supone formalmente que Ayerdi esté considerado como investigado, o como imputado según la terminología anterior. Para ello, es preciso que el Supremo emita otro auto en el que se le cite expresamante como investigado para declarar. Solo a partir de ese momento es cuando una persona adquiere formalmente la condición de investigado. En el auto que se ha dado a conocer hoy no aparece este requisito.

Formalmente, las diligencias previas son la admisión de la denuncia para que el juez investigue pero todavía no se ha llegado a la fase en la que se imputa un delito al acusado. Por tanto, hasta que no le citen como investigado no está calificado como investigado.

Las diligencias previas pueden acabar con la citación de Ayerdi o con el archivo de la causa. Por otra parte, UPN tiene que abonar una fianza de 10.000 euros para seguir como acusación popular en la causa. Se trata de una cifra asumible por este partido. De no hacerlo, sería únicamente la Fiscalía la que tendría legitimidad, si lo estima conveniente, para presentar cargos contra Ayerdi en el caso de que, finalmente, sea declarado como investigado.

Estas consideraciones corresponden al ámbito jurídico y desde una perspectiva garantista de los derechos. En otro nivel se situaría el ámbito político o el lenguaje coloquial, que puede tener otra interpretación más restrictiva y considerar que Ayerdi ya está inmerso como investigado con la apertura de las diligencias previas aunque formalmente no lo esté.

La cuestión, en este caso, va más allá del mero debate terminológico, ya que el propio Ayerdi anunció que dimitiría si era declarado como investigado en la causa de Davalor en una carta que envió a la lehendakari María Chivite.

Esparza (NA+) exige su cese o dimisión inmediata

El portavoz de NA+, Javier Esparza, ha comparecido en una intervención sin preguntas para reclamar la dimisión de Ayerdi, al entender que el Supremo ha confirmado «su situación procesal como investigado, y por tanto la defensa de Chivite y del Gobierno no se sostiene»

«No hay ningún informe del Gobierno que avale la posición de la presidenta en estas semanas y por tanto debe dejar de ser consejero hoy mismo», ha añadido Esparza, quien considera que en caso contrario «no se estaría incumpliendo la ley y nosotros actuaremos en consecuencia».

Para el portavoz de Navarra Suma «fue un error nombrarlo consejero, ha sido un error mantenerlo después de la sentencia de lo mercantil y más aún después de la apertura del auto de Supremo, donde cinco jueces vieron indicios de corrupción».

«Dejará de ser consejero si es investigado»

El Gobierno de Nafarroa ha asegurado a través de una nota que Manu Ayerdi dejará de ser consejero si el Tribunal Supremo lo considera como investigado.

En el escrito, el Ejecutivo recuerda que todavía, conocido el auto de hoy del Tribunal Supremo, no ha adquirido esa condición.