La UTE Metro Benta Berri ha ofrecido indemnizaciones a los vecinos de la Avenida Zarautz y calle Zubieta de Donostia por los desperfectos ocasionados en relación con las obras de la pasante del metro. En concreto, se refieren tanto a grietas aparecidas en viviendas de la calle Zubieta tras el socavón de 27 metros cúbicos en el sótano de un edificio en junio de 2020 como al desprendimiento de tierras ocurrido en noviembre de 2019 en la trasera de la Avenida Zarautz, que también conllevó un escape de gas y el realojo de al menos siete personas.

Representantes de la propia unión de empresas han hecho llegar en mano a los vecinos de estas dos zonas sus propuestas económicas y cláusulas a través de cartas, y NAIZ ha tenido acceso a una de ellas.

Se trata de la misiva recibida por una vecina de la Avenida Zarautz donostiarra, que prefiere mantenerse en el anonimato, en la que se le ofrecen 1.100 euros por «una serie de desperfectos» derivados de las citadas obras, sin especificar cuáles son las afecciones. Además, en un segundo párrafo, la carta añade que esa cantidad obedece a la «indemnización total por los daños ocasionados» y conlleva renunciar a «tener nada más que pedir o reclamar» tanto a la UTE Metro Benta Berri –compuesta por Construcciones Moyua, Excavaciones Viuda de Sainz y Comsa– como a Euskal Trenbide Sarea, dependiente del Gobierno de Lakua. Se da la circunstancia de que no hay certezas de que los problemas detectados estén ya solucionados o no vayan a reproducirse en otros puntos dada la delicada geología de estas zonas.

La vecina donostiarra que ha hecho llegar la carta destaca «presiones» para firmar el documento, algo que en su caso ha declinado hacer.

Llama especialmente la atención el caso de las indemnizaciones por el desprendimiento en la Avenida Zarautz, toda vez que tanto el Ayuntamiento dirigido por Eneko Goia como Eusko Trenbide Sarea (ETS) negaron que tuviese relación alguna con las obras del metro.

De hecho, un informe técnico publicado por el propio Consistorio apuntó a las lluvias como causantes de aquel desprendimiento, rechazando la teoría de las obras y las denuncias vecinales. Sin embargo, ahora la UTE y ETS asumen la responsabilidad de indemnizar a estas personas con miles de euros, a pesar de no haber cambiado, al menos de forma pública, su versión de lo acontecido.

Contrario al informe

En concreto, el informe geotécnico encargado por el Ayuntamiento de Donostia a la ingeniería Ikerlur sostiene que «no puede establecerse una relación entre las obras subterráneas» de la pasante del metro y el desprendimiento de la ladera. En el estudio, de más de 400 páginas y difundido por el Consistorio, se señala que la ladera que se derrumbó es «potencialmente inestable como consecuencia de la orientación de los planos de estratificación con respecto a la pendiente», lo que puede dar lugar «a roturas planares».

«Bajo unas condiciones hidrológicas desfavorables, se generan presiones hidrostáticas en las diferentes familias de discontinuidades de la roca, provocándose la disminución del factor de seguridad», añade el informe que absolvía tanto a la UTE como al Ayuntamiento de Eneko Goia.

Ello hace todavía más sorprendente que ahora asuman hacer frente a las reclamaciones con acuerdos de indemnización, que a tenor de la literalidad del documento, les sirven además para cubrirse las espaldas de cara a futuras denuncias.

En mayo de 2021, un tercer socavón, que necesitó 100 metros cúbicos de relleno (el triple que los ya citados), sacudió los bajos de la capital guipuzcoana. En este caso, en el entorno de La Concha. Euskal Trenbide Sarea lo relacionó con el derrumbe, 11 meses antes, en la calle Zubieta, pese a que no hay informe oficial que lo corrobore.

Obras de La Concha

Las obras de excavación estuvieron detenidas durante más de un año debido al cúmulo de altercados y, de hecho, poco después apareció un nuevo socavón en el asfalto de la calle, relacionado con el subterráneo.

Sin embargo, a finales del mes pasado, en pleno agosto y tras más de un año con los trabajos estancados, ETS y las nuevas empresas adjudicatarias de la obra (tuvo que volver a ser adjudicada debido a los altos sobrecostes) Acciona, Iza y Altuna y Uria reanudaron la perforación del túnel proyectado entre la Plaza Easo y La Concha, lo que, a juicio de la plataforma contraria a estas obras Satorralaia, «a la vista de los graves sucesos y sobrecostes que han obligado a paralizar la obra durante más de un año, así como las alarmantes advertencias presentes en el proyecto sobre los riesgos que conlleva su ejecución para el espacio urbano, supone una insensatez». Entre medio, una nueva licitación millonaria con un sobrecoste admitido de 50-70% y que podría llegar al 100%, según un informe de EH Bildu.

Satorralaia, en una movilización reciente, acusó al Ejecutivo de Lakua y al Gobierno PNV-PSE en el Ayuntamiento de Donostia de actuar con «absoluta temeridad ante los evidentes riesgos» que, a su juicio, «conlleva la ejecución de esta obra» y que ahora parecen reconocidos por quienes llevan a cabo las obras.