Responsables municipales mantuvieron ayer una reunión con los afectados por el desprendimiento de Kamiñalde para informarles de las gestiones realizadas en las últimas semanas para lograr viviendas en Ondarroa donde realojarles provisionalmente y también sobre cómo van los contactos con otras administraciones para afrontar la financiación de las obras de asentamiento de la ladera.

En ese contexto, el alcalde, Zunbeltz Bedialauneta, mantuvo el jueves una reunión con la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, en la que Ibone Bengoetxea confirmó que destinarán 1,5 millones de euros a los trabajos. En el transcurso del encuentro, la responsable foral apuntó a la posibilidad de que el Gobierno de Unai Rementeria habilite una partida en el presupuesto de 2017, aunque sin concretar su cuantía y a qué se destinaría.

El Ayuntamiento pretende crear una mesa de coordinación con las administraciones autonómica y foral, especialmente para afrontar el complejo proyecto de asentamiento de Kamiñalde. Bedialauneta había pedido a Bengoetxea que mediase ante la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, para que Lakua asuma algún compromiso, pero este no llega. La actitud del Ejecutivo Urkullu ya ha motivado el enfado de los afectados y la respuesta del titular de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, que lo consideró «injusto».

Lo cierto es que las facturas han comenzado a llegar al Consistorio y, al margen de visitas y periódicas declaraciones, no se acaba de concretar la aportación. El proyecto de Kamiñalde, según las estimaciones, podría rondar los 17 millones de euros.

Los responsables municipales de Ondarroa tratan de zanjar la problemática de Kamiñalde, efectuando una intervención integral en la ladera. Para acelerar el proyecto, cuya ejecución puede prolongarse hasta un año dada su complejidad técnica, han declarado el proyecto de emergencia, en vez de urgente.