No había ninguna duda de que el Parlamento de Gasteiz iba a aprobar en su pleno de mañana las propuesta del pacto PNV-PSE para la creación de una ponencia de autogobierno y otra de memoria y convivencia. Las dos habrían salido adelante, con mayor o menor entusiasmo de los otros grupos, aunque no hubieran variado sus textos originales. Sin embargo, la coalición gobernante ha querido ampliar la base de sus propuestas y ha elegido a Elkarrekin Podemos (EP) como socio para ello.

Fuentes oficiales de la formación morada confirmaron ayer a GARA que estaban trabajando sendas enmiendas transaccionales con PNV y PSE para la puesta en marcha tanto de la ponencia de autogobierno, como de la llamada de memoria y convivencia.

Estas mismas fuentes de Elkarrekin Podemos señalaron que en el momento de la tarde en el que se produjo la consulta todavía no había textos cerrados, pero que se habían cruzado diversas propuestas.

Sin embargo, según ha sabido GARA, horas después al menos una de las enmiendas transaccionales, la referida a la constitución de la ponencia de memoria y convivencia, podía darse ya como prácticamente definitiva.

Guiño al PP

En el texto, PNV y PSE parecen haber querido hacer un guiño al PP, que amenazaba con no participar en los trabajos de la ponencia, como ya ocurriera en la pasada legislatura pese a las concesiones que también entonces le hicieron PNV y PSE. De alguna forma, la enmienda transaccional incluirá la reclamación del PP de que la ponencia tenga entre sus objetivos expresos la deslegitimación del «terrorismo», un concepto que como tal no figuraba ni en la propuesta inicial de PNV y PSE, ni en la enmienda presentada por Elkarrekin Podemos.

En cuanto al texto del acuerdo en el que las tres fuerzas parlamentarias trabajaban para reactivar la ponencia de autogobierno, se mantiene la idea esencial del PSE –reiterada ayer por Idoia Mendia ante el Comité Nacional de su partido– de que la reforma del Estatuto se haga «respetando el ordenamiento jurídico», tal y como se recogía en la propuesta inicial presentada por este partido y el PNV. El acuerdo parece atemperar la propuesta de EP sobre «la centralidad de la participación ciudadana» y su «capacidad de decidir»

La «legitimidad democrática», para Catalunya

El texto para poner en marcha la ponencia de autogobierno en el que trabajan PNV, PSE y Elkarrekin Podemos no incluye de ninguna forma la idea de que un cambio de estatus no tiene que tener más límite que la voluntad popular libre y democráticamente expresada.

El pasado 15 de diciembre de 2016, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos firmaron una declaración en apoyo a las instituciones catalanas y al conjunto de su ciudadanía, en la que se solidarizaban especialmente con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que al día siguiente estaba llamada a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya «por –según dijeron los tres grupos– anteponer el principio democrático, la decisión mayoritaria del Parlament, a la actitud censora del Tribunal Constitucional».

El texto, que fue leído en la sala de prensa del Parlamento por Joseba Egibar, Maddalen Iriarte y Lander Martínez, concluía recogiendo literalmente que «los pueblos tienen legitimidad democrática para decidir su futuro, teniendo que ser el límite lo que la ciudadanía exprese y decida democráticamente».

Sin embargo, por lo que se sabe de las negociaciones de las últimas horas para la activación de la ponencia de autogobierno, la «legitimidad democrática» que los tres grupos reconocían a la ciudadanía catalana no es aplicable a la de la CAV.

Lo que sí quedará fijado es que la reforma debe hacerse «respetando el ordenamiento jurídico», una condición que Idoia Mendia defendió ayer ante el Comité Nacional del PSE como parte de la «impronta» que su partido está marcando en el Gobierno de Urkullu. Mendia insistió en «la legalidad y el respeto a la pluralidad del país», porque «no nos podemos permitir romper el pacto de convivencia que nos dimos en el 79».I. IRIONDO