Esperada por unos y temida por otros a ambos lados del tablero catalán, ayer se convirtió en realidad una fotografía que quedará para los anales de la historia: un expresident de la Generalitat, junto a dos altos cargos de su gobierno, en el banquillo de los acusados por haber puesto unas urnas. Evidentemente, hay más detalles y miles de matices, pero no hay otro resumen posible: el Estado español juzgó ayer a tres cargos públicos por consultar a la ciudadanía sobre sus preferencias para el futuro político de su país.

Tras el baño de masas a las puertas de la Audiencia de Barcelona, el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau entraron con retraso en la sala donde desde ayer y hasta el próximo viernes, se les juzgará, acusados de desobediencia y prevaricación por haber seguido adelante con la convocatoria de la consulta del 9N pese a la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía pide para el primero diez años de inhabilitación y nueve años y medio para las otras dos acusadas.

Tras las cuestiones previas, que sirvieron para lucir agravios pasados como la negativa de los fiscales catalanes a presentar una querella que finalmente se impuso desde Madrid, el juicio arrancó formalmente con la declaración de Mas, que no contestó a las preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled ni de las de la acusación particular, limitándose a contestar durante tres cuartos de hora a las preguntas de su abogado. Con el escudo de la Generalitat en la solapa –por primera vez desde que dejó la presidencia–, empezó asumiendo que la consulta del 9N fue una «iniciativa política» suya con amplio respaldo social y parlamentario. «No fue un capricho individual, una salida de tono o una ocurrencia, fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios», declaró antes de repasar cronológicamente los hechos en los que se basa para defender su inocencia.

El expresident recordó que, una vez suspendida la consulta original por el TC (el 29 de setiembre), acatando la decisión del tribunal puso encima de la mesa el proceso participativo, que no fue suspendido hasta el 4 de noviembre. Para entonces la Generalitat ya tenía toda la logística a punto, de modo que la ejecución de la consulta alternativa quedaba en manos de voluntarios. «No se podría haber organizado el 9N sin las más de 42.000 personas voluntarias», repitió el expresident, que subrayó la diferencia entre el 9N original, al que renunció, y el finalmente celebrado: «La diferencia fundamental era que la Administración era la única responsable en la primera, mientras que en la segunda ayudó en lo que pudo, pero ya no era directamente responsable». Cargar el peso de la ejecución del 9N sobre los hombros de los voluntarios fue uno el recurso más empleados ayer por los tres acusados, si bien hubo matices. Mientras Ortega y Rigau descargaron toda responsabilidad sobre ellos, Mas trató de guardar cierto equilibrio, necesario para hacer valer luego políticamente el juicio. Así, explicó que «no había ánimo de cometer delito ni de desobedecer a nadie».

«Contrapuse dos deberes: cumplir el mandato parlamentario o atender la resolución imprecisa del Tribunal Constitucional», añadió en referencia a la notificación del TC del 4 de noviembre, en la que no se especificaron las medidas a tomar por parte del Govern –otro de los ejes de la defensa de los tres acusados–. «Si tan evidente era que aquello era un delito, ¿cómo fue posible que el Constitucional no hiciese nada para aclarar su providencia?», se preguntó, provocando la reacción del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que espetó a Mas que no le correspondía a él hacer preguntas.

Con todo, el encontronazo más clarificador entre juez y acusado llegó exactamente al final de la declaración de Mas, cuando su abogado le preguntó si fue responsable de que los colegios electorales se abriesen el 9N. «Soy responsable de no haber ejecutado la consulta original y de haber ideado el proceso participativo», empezó Mas, rápidamente cortado por Barrientos: «No ha contestado, ¿fue responsable de abrir los colegios?». «Sí he contestado, le he contestado al principio, cuando he dicho que soy responsable de todo», contestó desafiante el expresident Mas.

El 9N de los voluntarios

La contundencia final de Mas contrastó con las declaraciones de Ortega y Rigau, que eludieron cualquier responsabilidad desde el inicio. La más gráfica fue la exvicepresidenta, que en un intercambio con su abogado contestó unas siete veces seguidas que los responsables de abrir los locales, preparar los ordenadores y el sistema informático, organizar las colas para votar, recontar los votos y transmitir los datos, entre otros, fueron «los voluntarios». Ortega insistió una y otra vez en que toda la parte logística llevada a cabo por la Generalitat se efectuó entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, periodo en el que no había ninguna suspensión de por medio. En una línea parecida, Rigau centró su defensa en asegurar que no hubo ningún tipo de coacción sobre los centros educativos para que el 9N abrieran como colegio electoral.

Una tesis que contradicen los testimonios de la consejería de Educación citados a declarar hoy, en la segunda sesión de un juicio que se alargará hasta el viernes y en el que la Fiscalía tratará de desmontar la línea de defensa desplegada ayer por los tres acusados.

 

Puigdemont ensalza al «pueblo que vela por su dignidad»

«Un país capaz de hacer el 9N tiene una democracia más sana que la de un país que envía al banquillo de los acusados a los dirigentes que lo hicieron posible». El president, Carles Puigdemont, empezó la jornada de ayer con una declaración institucional en apoyo de los tres encausados y de los miles de ciudadanos que salieron a la calle en su defensa: «Los responsables de haber judicializado las reivindicaciones políticas se encontrarán la misma respuesta que encontraron después de la campaña contra el Estatut; la respuesta de un pueblo que, con todas sus diferencias, matices y diversidades, vela por su dignidad».

Pero el president no fue el único en hablar en una jornada en la que toda figura pública buscó un micrófono al alcance de la mano para dejar constancia de su parecer. En el campo independentista, el vicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, muy crítico en su día con el proceso participativo con el que Mas sustituyó el 9N original, consideró que «la democracia nunca debería ser juzgada» y aseguró que la Generalitat está «firmemente comprometida» con la construcción de una República catalana».

Desde la CUP, la diputada Mireia Boya se apuntó a la tesis de que es «todo el pueblo de Catalunya» el que está siendo juzgado en este proceso, y pidió que se celebre «de una vez por todas» el plebiscito: «La gente nos pide que se haga un referéndum necesario para dirimir de una vez por todas este conflicto político». También se apuntó a la defensa de la democracia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tras acompañar a Mas, Ortega y Rigau hasta los juzgados, consideró que «en ningún país democrático nunca, nunca se debe juzgar a nadie por poner las urnas».

También respondieron a la cita desde el entorno de los comunes, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la cabeza. «El juicio es un ejemplo de la deriva autoritaria que está teniendo el Estado español respecto a Catalunya», apuntó Colau, que tildó el proceso judicial de «rechazable en términos democráticos» y lo calificó de «respuesta represiva a una interpelación democrática».

A medio camino trató de ubicarse, como acostumbra, el secretario general del PSC, Miquel Iceta, que interpretó el juicio como «el fracaso de dos gobiernos incapaces de dialogar». Una equidistancia impugnada por voces de su partido como Nuria Parlón, que tildó que «despropósito» el proceso judicial del 9N.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas echó mano de la muletilla de la corrupción ligada a Convergència y recordó que los políticos no están «por encima de la ley», mientras que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, llamó «cobarde» a Mas y consideró minoritaria la concentración de 40.000 personas ante los juzgados.B.Z.