El Consejo de Ministros aprobó ayer un «acuerdo por el que se solicita del Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 12/2016», que es la que busca la reparación de las víctimas de la violencia del Estado entre 1978 y 1999. El Ejecutivo de Mariano Rajoy la recurrió ante el TC, que suspendió varios de sus principales artículos, a la espera de tomar una decisión definitiva.

El paso del Gabinete de Pedro Sánchez es fruto del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Lakua para incluir en la ley unos «retoques» –según definición del portavoz, Josu Erkoreka– que dejen claro que la norma «no pretende promover ninguna investigación de carácter materialmente judicial», ni tampoco «identificar responsables y definir culpas» por los casos que se miren, «sino que la Ley persigue única y exclusivamente el reconocimiento y reparación de un determinado colectivo de víctimas de vulneración de derechos humanos».

Es preciso aclarar que el Gobierno de Sánchez no ha retirado todavía el recurso de inconstitucionalidad. Agosto es un mes inhábil a estos efectos, y los pasos se darán en setiembre de forma paralela a las gestiones para introducir los cambios en la ley, que requerirá una reforma en el Parlamento de Gasteiz.

O reforma o el proceso sigue

La ley de víctimas de la violencia estatal se aprobó a finales de la pasada legislatura con el voto de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y el único parlamentario de UPyD. Pese a que se introdujeron varias modificaciones impulsadas por el PSE para garantizar la «seguridad jurídica» de la ley, finalmente ha habido que negociar nuevos cambios con el Gobierno del PSOE para que acceda a retirar el recurso interpuesto por el Gabinete de Mariano Rajoy.

La reforma de la ley se iniciará en setiembre y podrá votarse en alguno de los primeros plenos de octubre. PNV y PSE se posicionarán a favor de los cambios. El PP mantendrá su rechazo. Y la aprobación de la reforma quedará en manos de Elkarrekin Podemos y EH Bildu.

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, entrevistado ayer por Europa Press, apuntó que ya ha comenzado los contactos con el resto de grupos para que se apruebe la reforma. Según su visión, «la alternativa no es modificar o no la ley», sino hacer «posible el cumplimiento del objetivo fundamental» de la norma. Es decir, o se retoca el texto o se corre el «riesgo de que el proceso judicial continúe» y el TC dicte una sentencia «declarando inconstitucional la ley y, por tanto, echando por tierra todo el propósito y reparación que tenía».

La decisión de retirar el recurso de inconstitucionalidad ha sido fuertemente contestada por algunas asociaciones de víctimas de ETA y sindicatos policiales. También el PP la ha calificado con palabras muy gruesas. Ciudadanos ha pedido, por su parte, que el Gobierno remita al Congreso la documentación en la que se basa para tomar su decisión.

Nafarroa, «desamparada»

La pasada semana el Tribunal Constitucional suspendió definitivamente el núcleo de la ley navarra de víctimas de la violencia de extrema derecha y policial. Ayer la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobó una declaración institucional que rechaza la sentencia, por entender que desampara a las víctimas.

La declaración fue impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. Votaron en contra UPN y PP y parcialmente el PSN. En ella se dice el TC «se enfrenta» con esta sentencia tanto al Parlamento como a «la mayoría política y social de Navarra».

La Cámara asume el compromiso de «defender los derechos que les asisten y a analizar todas las vías posibles para hacer efectivo su reconocimiento y la reparación debida», e insta al Gobierno del cuatripartito a que «haga suyo este mismo compromiso y adopte las medidas necesarias a tal fin».

En este sentido, hubo voces a favor de redactar en Nafarroa una ley que siga el modelo de la que salga del Parlamento de Gasteiz y que salvaría un recurso del Gobierno del PSOE, aunque no todos lo comparten.

 

Sánchez pide a Casado memoria sobre presos

Después de que la víspera el presidente del PP, Pablo Casado, afirmara que se van a oponer a todo acercamiento de presos vascos, Pedro Sánche, situó este tema como uno de los asuntos »que trascienden el interés partidario» y pidió al nuevo líder del PP que «sea coherente» con lo que hizo su partido mientras estaba el Gobierno y que mantenga en esta cuestión una oposición leal, como la que practicó el PSOE mientras estuvo en la oposición.

Mientras, el alejamiento sigue dejando consecuencias como el susto sufrido por familiares de Kepa Arronategi en Murcia, volviendo de Almería, al reventarse una rueda. Una concentración en Gernika convocada por Sare lo denunció ayer. Además, se concentraron en Lekeitio (87), Zarautz (105), Mutriku (45), Deba (46), Ondarroa (139), Agurain (40), Amurrio (60), Iruñea (112), Getaria (30), Orereta (114), Gasteiz (420), Galdakao (52), Durango (63), Donostia (124), Etxarri Aranatz (60), Arbizu (41) y Oiartzun (105). Ayer en Burlata (45) y el lunes en Gernika (30), Iurreta (26), Ondarroa (39), Zaldibia (15), Iruñea (46), Laudio (41), Altza (28) y Astigarraga (22).