Once años después del derribo de la vieja lonja de pescado de Pasai San Pedro, la Autoridad Portuaria anunció el comienzo de la última fase de urbanización, que arrancará en octubre y «concluirá en 2023 con una inversión de 3 millones».

Según explicó, «esta nueva fase plantea la construcción de un parque ajardinado transitable sobre la cubierta, que enlazará con una ladera vegetal construida sobre un importante relleno de tierras, permitiendo la plantación de diferentes especies de árboles y arbustos de diversos tamaños. Esta ladera cerrará el edificio y ayudará a aminorar el efecto visual de su fachada oeste».

Además, la actuación urbanística conlleva el ensanche de la acera peatonal de Esnabide Kalea y la dotación de un área de estancia en la cubierta con bancos y estructuras de sombra, así como un parque infantil. El nuevo espacio acondicionado superará los 16.000 metros cuadrados.

En total, se alcanza una inversión de cerca de 5 millones en la urbanización de este espacio, con la financiación, a partes iguales, de la Autoridad Portuaria, la Diputación de Gipuzkoa y Lakua.

Denuncias, registro y archivo

Con esta actuación, se pondrá el cierre a un proyecto que arrancó en el verano de 2011 y cuya construcción ha estado salpicada por la polémica. En principio, las previsiones marcaban un presupuesto de 22 millones de euros y un plazo hasta el primer cuatrimestre de 2014. De cumplirse lo anunciado ayer se habrá acumulado un retraso de nueve años.

Al margen del retraso, el proyecto estuvo marcado por las denuncias de sobrecostes, que vieron la luz en abril de 2016. El director de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, declaró que los sobrecostes habían alcanzado en ese momento los 5 millones de euros, y que se podían disparar hasta los 11 millones. Entre los protagonistas de aquel affaire estaba una abogada del Estado, que fue quien presentó denuncia ante la Fiscalía. Se trataba de Macarena Olona, posteriormente conocida como dirigente de Vox.

La Guardia Civil llegó a entrar en la sede de la Autoridad Portuaria para registrar las oficinas. Finalmente, el Tribunal de Cuentas archivó la causa en lo que a ella le correspondía, al concluir que «no concurren los requisitos exigidos para la existencia de responsabilidad contable por alcance».

Posteriormente, la auditoria completa solicitada por Puertos del Estado determinó que el sobrecoste ascendió a 3,5 millones. El informe apuntaba que «no se ha causado perjuicio económico a la Autoridad Portuaria y no es necesario adoptar acciones adicionales de exigencia de responsabilidad más allá de las medidas organizativas adoptadas y de las actuaciones disciplinarias incoadas».