Quien no tiene necesidad de hacerlo, no abandona su país por motivos económicos ni políticos. Entre los que lo hacen, quien tiene un buen dinero ahorrado compra un pasaporte falso y quien tiene algo menos paga para entrar escondido en un coche. Si consigue entre 1.000 y 2.000 euros, podrá pagarse un viaje en una embarcación clandestina -cuanto más pague, más rápida será la lancha-. Quien no tiene nada intenta saltar la valla de Melilla o cruzar a nado a Ceuta.

Quince de estas últimas personas murieron el pasado 6 de febrero en la playa del Tarajal, frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta. Un episodio que ha puesto en primer plano la dramática situación de las miles de personas que esperan en Marruecos su oportunidad para cruzar la frontera, así como la falta de escrúpulos y de respeto a la legalidad que impera en la actuación de la Guardia Civil y la Policía marroquí a ambos lados de la frontera.

En concreto, ha sido la actuación del instituto armado español la que ha concentrado el grueso de las críticas -llegadas también desde la UE-. Hay varios aspectos en ella. En primer lugar, por novedoso y porque se comenta por sí mismo, destaca el empleo de material antidisturbios para rechazar la entrada de migrantes. La polémica más reiterada en el tiempo, sin embargo, se centra en la devolución ilegal de aquellas personas que consiguen poner un pie en territorio español, ya que se trata de una práctica ilegal, que viola tanto la legislación internacional como la estatal. Evidencia de ello es que las propias Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) reclaman ahora una vuelta de tuerca a la Ley de Extranjería para legalizar dichas «devoluciones en caliente».

La devolución de migrantes tiene, además, una variable puesta de manifiesto también en los últimos días, sobre todo el pasado 14 de febrero, cuando las FSE cerraron la frontera de Melilla para evitar el paso de unas 200 personas de origen sirio que escapaban de la guerra en su país. Algo que viola el más elemental derecho al asilo.

El trágico episodio del 6 de febrero, así como los posteriores intentos de cruzar la frontera, también llamaron la atención sobre la ingente cantidad de personas que permanecen a las puertas de Ceuta y Melilla con el objetivo de entrar en el Estado español. Informes policiales mencionados en los últimos días por la prensa española cifran dicha cantidad de personas en 30.000, aunque vista la credibilidad de las versiones policiales, cabe poner en cuarentena esta cifra, máxime cuando sirve para justificar la mano dura de la Guardia Civil y los cambios en la legislación de extranjería.

En cualquier caso, puede ser cierto que el número de personas que intentan cruzar la frontera por Ceuta o Melilla haya aumentado. De hecho, no sería fruto de la casualidad, ya que el bloqueo de la ruta que unía Senegal con las Canarias -bloqueo del que tanto se han enorgullecido las autoridades españolas- no ha servido para atajar el flujo migratorio hacia Europa, sino que lo único que ha hecho es trasladarlo.

Las mil y una versiones oficiales

Pero los sucesos del 6 de febrero no solo evidenciaron la realidad sobre el terreno fronterizo, sino que también pusieron de manifiesto de una forma descarnada la opacidad y la mentira con que los diversos responsables de las FSE tratan las informaciones sobre los hechos que suceden en la frontera.

Un ejemplo como botón de muestra. El mismo 6 de febrero, apenas dos horas después del intento de entrada en Ceuta por parte de un grupo de personas, la Delegación del Gobierno español en la ciudad africana informaba: «En ningún caso ha intervenido la Guardia Civil, el salto ha sido repelido por las autoridades marroquíes». Al día siguiente, el director general del instituto armado, Arsenio Fernández Mesa, cambiaba la versión al asegurar que «pelotas de goma, en la mar, no». Una semana más tarde, el 13 de febrero, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, enmendaba a su subordinado, asegurando que «la zona de impacto (de las pelotas de goma) siempre correspondió a aguas españolas».

Las mismas contradicciones encontramos en aspectos como la llegada de los migrantes a la playa ceutí o el uso de flotadores. En ambos casos, Fernández Mesa negó los hechos, pero ante las evidencias aportadas por los testimonios y los vídeos publicados, Fernández Díaz no tuvo más remedio que corregir a su subordinado, cayendo él mismo también en la esquizofrenia comunicativa cuando habló de la muerte de «15 personas en Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos». Todo un escándalo que, sin embargo, no ha provocado ni la más mínima autocrítica por parte del Gobierno, que ha defendido en todo momento, con Rajoy a la cabeza, la actuación de la Guardia Civil. Tampoco cabe extrañarse, toda actuación policial tiene un responsable político.

Paralelamente, las autoridades han ido tejiendo un discurso en el que la Guardia Civil pasa de verdugo a víctima, presentándola como un ente indefenso que debe hacer frente a las hordas violentas de negros hambrientos. Esta puesta en escena vino acompañada por la publicación de un vídeo en el que se observa cómo gente del lado marroquí lanza objetos supuestamente a las posiciones ocupadas por agentes uniformados. El vídeo dura casi tres minutos, de los que apenas unos pocos segundos muestran a personas lanzando objetos. Además, pese a que la Guardia Civil asegura que las imágenes son del mismo 6 de febrero, resulta evidente que el vídeo está editado, por lo que su fiabilidad resulta, cuando menos, cuestionable. Ayer la Guardia Civil no tuvo más remedio que entregar las grabaciones completas y sin editar al juez que investiga los sucesos. En el Congreso de los Diputados, el PSOE amenazó también ayer con una comisión de investigación si el Gobierno no publica dichas grabaciones, por lo que no hay que descartar novedades en los próximos días.

Sea como sea, y pese a la inconsistencia de las diferentes versiones oficiales, los grandes medios españoles no han dudado en hacer suyos los mensajes oficiales. Y no hace falta remitirse a la prensa más afín al régimen, ya que este mismo lunes «El País» abría el diario con el titular «30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla». Toda la información provenía exclusivamente de un informe policial.

Los efectos de esta dinámica son evidentes también en el lenguaje: los migrantes no esperan, sino que «aguardan»; no hay personas que intentan cruzar la frontera hispano-marroquí, sino «inmigrantes que asaltan la valla»; algunos no intentan entrar en vehículos, sino que utilizan «coches-kamikaze»; y no hay gente de carne y hueso que busca un futuro mejor porque las desigualdades cada vez son mayores, sino simplemente una «brutal presión migratoria».