Nuclenor solicitará la reapertura de Garoña. Así lo anunció ayer el presidente de Endesa, Borja Pardo, que aprovechó la Junta General de accionistas para avanzar que la empresa, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, pedirá una licencia de operación para la central nuclear burgalesa. Poco después, el portavoz de la planta, Elías Fernández, relató que, «previsiblemente», las eléctricas pedirán una licencia hasta el año 2024.

Según informaron las agencias estatales, Pardo, que se pronunció ante los medios al término de la junta, manifestó que los responsables de la planta están tomando «todas las medidas oportunas» para poder reabrir la central, parada desde diciembre de 2012. «Lo que pasa es que depende mucho del Gobierno, más que de nosotros», remarcó el empresario, que durante los últimos dos años ha protagonizado un pulso con el Gabinete de Mariano Rajoy.

En este sentido, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, afirmó que las razones que motivaron la parada, en alusión al impuesto que gravaba de forma retroactiva el combustible nuclear gastado, ya no existen. Una circunstancia que deben agradecer al PP, que el pasado mes de setiembre votó una enmienda para eliminar este polémico impuesto.

En cuanto a los plazos, afirmó que la reapertura dependerá del desarrollo futuro de un mercado que, a día de hoy, está «totalmente distorsionado», y de la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear. De este modo, tras pedir la licencia, trámite que debe cumplir antes del 6 de julio, Nuclenor dejará la pelota en el tejado del CSN, a quien corresponde analizar y dictaminar si la planta debe volver a operar.

Cabe señalar que los integrantes del CSN también tendrán que decidir el tiempo que podrá operar la central en el caso de recibir una nueva prórroga, y deberán dictaminar las mejoras que tendrá que acometer Nuclenor para garantizar la seguridad de la población civil. Estas obras estarán recogidas en un plan de requerimientos e inversiones que las dos multinacionales deberán estudiar antes de tomar una decisión.

El propio Brentan, que reconoció que la ley no fija unos plazos concretos, manifestó que el citado informe puede demorarla reapertura de Garoña. «Depende del tiempo que se tome el CSN para estudiarlo -en alusión a la petición de Nuclenor-, y de las inversiones que haya que hacer. No está en nuestra manos, ya que pueden pasar tres meses o un año», concluyó.

Un anuncio esperado

El anunció efectuado por Pardo no sorprendió al portavoz de la plataforma Araba Sin Garoña, Alberto Frías, que ayer criticó la connivencia del Ejecutivo español y las eléctricas. «Se ha demostrado que el Boletín Oficial del Estado no lo dicta el Gobierno, sino que lo dictan las multinacionales, donde cómodamente acaban los expresidentes y sus ministros, especialmente los de Economía», denunció.

A su parecer, el PP prioriza los intereses económicos de Nuclenor y deja en un segundo plano las cuestiones vinculadas con la seguridad de la planta, que debe acometer reformas estructurales para poder solventar los problemas detectados tras la realización de las pruebas de estrés. Estas mejoras se suman a las requeridas por la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE), que hace un par de meses solicitó a Nuclenor alternativas para garantizar la refrigeración del reactor, gemelo de Fukushima.

Desde Greenpeace, Raquel Montón destacó que, según la ley, la central debe ser sometida a una revisión de tres años antes de volver a operar. Esta condición queda recogida en la instrucción IS-22, que establece que «el período mínimo con el que debe presentarse la documentación relativa al Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) -obligatorio en el caso de la planta burgalesa- debe ser de tres años antes de la fecha en la que se debe proceder a renovar la autorización de explotación».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu pidió a Lakua que, en el caso de reabrirse la planta, rompa relaciones con Endesa e Iberdrola. Estas empresas, a su juicio, «están respondiendo con desprecio a las ciudadanía vasca, muy especialmente a la alavesa, y a las instituciones, que estamos exigiendo el cierre definitivo de esa central nuclear».

En la misma línea, el portavoz del PNV en las Juntas Generales de Araba, Ramiro González, exigió al diputado general, Javier de Andrés, que defienda «de una vez por todas los intereses de Araba y se oponga a las reapertura de Garoña». «Pedimos que no se pliegue, una vez más, a los intereses de Rajoy y del PP en Madrid», añadió.