La jueza de vigilancia penitenciaria ha afeado a la Fiscalía que pretenda dar un «castigo ejemplar» a los presos del «procés» con su oposición a todas sus salidas y beneficios penitenciarios y ha advertido de que es «decimonónico» plantear que se deban reconocer culpables y que su condena es merecida.

Así lo sostiene la titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya en los siete autos en que desestima el recurso de la Fiscalía y avala el tercer grado para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que no obstante seguirán en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva su situación.

En sus escritos, la jueza concluye que la Fiscalía, con su oposición «a todo lo que pueda tener relación con salidas, clasificación y beneficios penitenciarios» de los condenados por el Supremo, busca dar un «castigo ejemplar» a los presos del procés.

La jueza reconoce, como sostiene en sus recursos la Fiscalía, que los presos no han seguido ningún programa específico sobre el delito de «sedición», pero ello ha sido, «lógicamente», precisa, porque la cárcel no dispone de un curso para ello, «dada su falta de antecedentes actuales e históricos».

No obstante, subraya que el currículum académico y profesional de los presos, la mayoría de ellos con estudios universitarios y con trayectoria en el ámbito institucional, hacen «innecesario» que tengan que realizar un programa específico de tratamiento para interiorizar que las leyes hay que cumplirlas, como exige la Fiscalía.

Según la jueza, los presos del procés ya eran conscientes de que debían cumplirse las leyes, pero no lo hicieron, por lo que han sido condenados en base a unos hechos que aceptan, aunque no se arrepientan.

Ante la insistencia del fiscal en que no es suficiente que los presos reconozcan los hechos, sino que además tendrían que sentirse culpables y reconocer que han cometido «sedición», apunta la jueza que lo que subyace a esa argumentación es que «el interno debería callarse y dejar de expresar libremente sus pensamientos ideológicos al defender la independencia de Catalunya y el derecho a decidir».

Como en resoluciones anteriores, la jueza también recrimina a la Fiscalía que, «obstaculizando» la progresión de los presos a la semilibertad, pretenda obtener lo que no logró en la sentencia, en la que el Supremo rechazó fijar un mínimo de años de cumplimiento para que los condenados pudieran disfrutar de beneficios penitenciarios.

La jueza avala el tercer grado

En sus autos, la jueza ha desestimado los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad otorgado a los siete presos que se encuentran en la cárcel de Lledoners, al entender que el Departament de Justicia ha actuado «correctamente» al clasificarlos en tercer grado.

No obstante, mantiene suspendido el régimen abierto de esos siete políticos presos, hasta que la sala segunda del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra en la clasificación de los condenados por el procés, resuelva sobre los recursos de apelación de la Fiscalía.

Los siete presos de Lledoners disfrutaron apenas quince días del tercer grado que el Departament de Justicia les concedió el pasado 14 de julio, puesto que la jueza de vigilancia suspendió sus salidas, a la espera de resolver sobre el fondo de la cuestión, después de que la Fiscalía así lo reclamara en sus recursos contra la nueva clasificación.

Òmnium: «Cuixart, preso y sin derechos»

Òmnium Cultural ha recogido en su cuenta de Twitter la decisión de la jueza y ha criticado que «el presidente de Òmnium seguirá preso y sin los derechos que le corresponden como preso político».

‼️ El president d’@omnium continuarà empresonat i sense els drets que li corresponen com a pres polític malgrat que el Jutjat de Vigilància Penitenciària ha tornat a ratificar avui el tercer grau, contradient tots els arguments del recurs de la Fiscalia al Suprem pic.twitter.com/CQ4f2KDYaj

— Òmnium Cultural (@omnium) August 19, 2020