En Bilbo firmarán cuatro traspasos de competencias, aunque los otros tres son menores y el único que ha suscitado tensiones es el de las prisiones, cuya gestión hasta ahora solo Catalunya ejerce entre las autonomías.

La CAV cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos (888 hombres y 78 mujeres). Son los de Basauri, en Bizkaia, con 149 internos; Zaballa (Araba) –la más grande y moderna–, con 623, y Martutene (Gipuzkoa), con 194.

Cuando concluya la construcción de la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, pasará a depender de Lakua, y a su vez éste devolverá la actual Martutene al español, que la cerrará.

Las obras de construcción de Zubieta fueron adjudicadas por el Ejecutivo central el pasado mes de marzo por 39 millones, con su apertura prevista en la primavera de 2023.

La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Langraitz, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.

También se transferirá a la CAV el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco.

En experiencias anteriores de traspaso de personal de cuerpos españoles, como el de la administración de Justicia, se tradujeron en subidas salariales y un pequeño aumento del uso del euskera.

El acuerdo contempla una valoración del traspaso de prisiones en 70 millones. El cálculo lo han realizado aplicando –con algún matiz– el 6,24% –lo que paga la CAV de Cupo al Estado– a los 1.121 millones que figuran en los presupuestos del Estado para Instituciones Penitenciarias. En el futuro, la CAV descontará esos 70 millones del Cupo anual que paga al Estado.

Transferencia pendiente desde ha 41 años

Se transfiere la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años, y que ya ejerce Catalunya.

La legalidad, es decir, las normas y reglamentos penitenciarios, siguen siendo las mismas para toda el Estado.

Esta legislación establece que son las Juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden, por ejemplo, proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos políticos. Los acercamientos de los últimos meses no han afectado prácticamente a la CAV.

El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.

Aunque el traspaso de prisiones se firma ahora, no tendrá efectividad real hasta el 1 de octubre de este año.

Además, durante este año se abre un periodo transitorio que se va a usar para adaptar la gestión: Por ejemplo, para decidir sobre la subrogación de los contratos de los servicios que se prestan a las cárceles.

Otros tres traspasos menores

Este lunes se firman otros tres traspasos menores, como la transferencia del transporte por carretera. Supone que la CAV asumirá las autorizaciones a operadores y concesionarios de transporte, así como la gestión de los exámenes de competencia profesional.

Por otra parte, la CAV recibirá el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN –el registro de autenticidad de las publicaciones–.