El fiscal de Bolivia, Juan Lanchipa, ha admitido una demanda contra Jeanine Áñez y ha iniciado una investigación por delitos de «genocidio, lesiones y muertes» en las protestas que siguieron al golpe de 2019 en Sacaba y Senkata.

Según ha indicado el director del Servicio de Asistencia a la Victima (Sepdavi), Tito Tornero, la demanda ha sido presentada por un grupo de víctimas y familiares de los fallecidos.

«Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta», ha apuntado Tornero.

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de «masacres».

Cabe recordar que Áñez se encuentra en prisión preventiva. Y hace tan solo unos días fueron detenidos el excomandante de las Fuerzas Aéreas de Bolivia, general Jorge Gonzalo Terceros Lara, y el excomandante de la Armada, Gonzalo Jarjuri Rada, por su implicación en la salida del poder de Evo Morales.