Aritz Intxusta
Redactor de actualidad

Oasis vasco para la segregación

Mientras los inspectores de Educación del Gobierno navarro han hecho una visita a los centros que separan niños de niñas para constatar que no cumplen la ley, en la CAV los seis centros educativos que separan a niños de niñas siguen funcionando al margen de la ley Celaá. 

Colegio masculino de Gaztelueta, donde el curso ha arrancado ajeno a la le Celaá. (A. LOIOLA/FOKU)
Colegio masculino de Gaztelueta, donde el curso ha arrancado ajeno a la le Celaá. (A. LOIOLA/FOKU)

La llamada ley Celaá, que toma el nombre de la exconsejera de la CAV por ser la ministra de Educación que la promulgó, constituye la octava reforma educativa en el Estado español y se aprobó en noviembre pasado. El presente curso es, pues, el primero con ella en vigor. Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la opción para romper el régimen de concertación –la financiación pública– con los centros que separan a niños de niñas. 

Esta modificación ya se está tratando de aplicar en Nafarroa, pero no en la CAV. Así, los dos únicos centros que segregan a niños y niñas Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín (que son colegios de élites vinculados al Opus Dei) han tenido que mezclar a niños y niñas para tratar de mantener el esquema de financiación semipúblico. 

No lo están haciendo de buen grado –lógicamente ellos defienden su modelo de enseñanza– y tan solo han hecho clases mixtas en los cursos de alumnos que han entrado este año. Las de años anteriores siguen, a día de hoy, igual: chicos por un lado y chicas por otro. 

Muy probablemente, los centros han adoptado esta decisión a la espera de que los vientos políticos cambien y que la aplicación de la ley solo afecte a un curso. Es imposible saberlo, puesto que el pulso entre la Consejería de Educación de Nafarroa y los centros ha despertado revuelo mediático y las direcciones de ambos colegios se han sumido en el mutismo. 

Los centros navarros que segregan han recibido una visita del servicio de Inspección de Educación con resultado insatisfactorio. 

Para el consejero navarro, Carlos Gimeno, convertir en mixtos los cursos con nuevos alumnos y mantener segregados a todos los demás supone que «no se está cumpliendo la ley». 

Mientras todo esto sucede, en la CAV existen seis centros homologables a los colegios navarros en cuanto a modelo educativo y orientación religiosa. Sin embargo, el Gobierno de Lakua está empleando sus competencias para mantener la financiación pública de estos centros al margen de la reforma educativa. Dicho de otra forma, la CAV se ha convertido en un oasis para la segregación concertada.

La cuantía de dinero público asignada a estos seis centros asciende este año a 11,5 millones de euros, aunque otros años han llegado a ser más de 13. En el conjunto de estos centros estudian 3.770 alumnos y alumnas el presente curso. 

Los centros que siguen segregando como si nada hubiera cambiado y su asignación concreta para este curso son los siguientes: Gaztelueta de Leioa (masculino; 2,4 millones), Arangoya de Bilbo (femenino; 0,52 millones), Ayalde de Loiu (femenino; 4,5 millones), Munabe de Loiu (masculino; 1,8 millones), Eskibel de Donostia (femenino; 1,3 millones), Erain de Irun (masculino; 1,3 millones). 

Que la CAV sea un oasis de segregación no se justifica por falta de tiempo o imprevisión en la Consejería de Jokin Bildarratz. Tampoco constituye un despiste de sus socios de Gobierno, artífice en Madrid de la ley Celaá. Es más, los parlamentos de Gasteiz e Iruñea tramitaron el mismo día –4 de marzo– una proposición no de ley (PNL) presentada por EH Bildu sobre este asunto. 

«Recuerdo el pleno perfectamente –explica Ikoitz Arrese, parlamentario de EH Bildu que defendió la PNL en Gasteiz–. Bakartxo Ruiz, que llevaba el tema en Nafarroa, me iba comentando cómo iba el pleno allí casi en directo. En Iruñea se votó antes, así que sabíamos los argumentos de cada partido». 

El problema es que todo cambió. La postura de María Solana (PNV) fue favorable a retirar la concertación, al igual que la del portavoz del PSN.

Sin embargo, esa misma mañana, a tan solo 97 kilómetros al este, ambas formaciones argumentaban y votaban justo lo contrario. Lo hicieron, según consta en lo que finalmente se aprobó, por salvaguardar «la libertad de enseñanza». 

La posición de Solana fue coherente con su propia trayectoria, a fin de cuentas, fue la exconsejera de Educación e impulsora del programa Skolae que premió la Unesco como el mejor del mundo en coeducación. Frente a sus tesis de que segregar es un modelo educativo «excluyente», su compañera de partido Leixuri Arrizabalaga defendía que separar alumnas y alumnos «no constituye por sí misma discriminación por razón de sexo».

Los argumentos del PSE y el PSN también cortocircuitaron. En Nafarroa, Jorge Aguirre aseguró que su partido mantiene una apuesta clara «por una sociedad inclusiva e igualitaria en la que no entran modelos que segreguen por sexo». 

Por su parte, José Antonio Pastor, escurría el bulto con argumentos como los siguientes: «los pasos hay que darlos poco a poco, progresivamente y asentando en el tiempo las reformas que se ponen en marcha. Porque las revoluciones de un día para otro suelen terminar mal,  no acaban teniendo fruto».

Ponerle el cascabel al gato

Que los inspectores de Educación se hayan personado en los centros que en Nafarroa siguen segregando para comprobar lo que ya se sabía no zanja el asunto. ¿Implica este incumplimiento la retirada de la concertación? El consejero Gimeno cree que no. Que hay que buscar una solución negociada y no anuncia las medidas a adoptar.

Los colegios afectados son colegios de élites. Y esto implica que los que acuden a ellos tienen poder político y/o económico. Recientemente, el centro Ayalde fue seleccionado como uno de los mejores del Estado por la revista Forbes. Y esto implica que en ese colegio femenino no estudia cualquiera.

Lo mismo ocurre con Gaztelueta, que recibe regularmente visitas del lehendakari para saludar a sus alumnos. Elkarrekin-Podemos preguntó en el Parlamento por qué Iñigo Urkullu visitaba Gaztelueta con tanta frecuencia. Lehendakaritza contestó que lo hacía a título personal, fuera de la agenda oficial. 

Gimeno, el consejero navarro, explicó la semana pasada que la decisión que van a adoptar con los centros que segregan está hoy sobre la mesa de la Dirección General de Educación. «Un Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no concibo un Gobierno que no haga cumplirla. Ahora bien, de qué manera se va a cumplir y cómo se va a trabajar esta cuestión, lo estamos analizando».

Gimeno prometió tomar una decisión en breve. «Los servicios jurídicos, entiendo que rápidamente, me trasladarán una situación, una descripción de las posibilidades jurídicas, normativas, administrativas, para tomar una decisión política», señaló el consejero.

Acierta Gimeno en que el debate no es legal, sino político. No se trata siquiera de prohibir nada, pues no se ha llegado a eso. Simplemente hay que decidir si los centros que separan a niñas de niños y pensados para las élites económicas han de tener financiación pública o, como sucede en Reino Unido con Eton, Harrow y los demás, ser enteramente privados.