La Comisión de Ética Pública determinó el 20 de julio de 2022 que un alto cargo del Ejecutivo incurrió en un «cumplimiento insuficiente» del Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco, porque dio su conformidad a las evaluaciones ambientales de 12 planes y estudios elaborados por la empresa de ingeniería en la que había trabajado con anterioridad y sin que hubieran transcurrido dos años desde que finalizó su vinculación laboral con la citada empresa.

Nueve días después, el parlamentario que había elevado la cuestión a la Comisión Ética recibió un email en el que la abogada del director del Gobierno le amenazaba con la posibilidad de iniciar acciones legales si daba publicidad al acuerdo de la Comisión.

Pero además, dicho email recibido el 29 de julio de 2022 a las 12.41 horas por el parlamentario, se envió también en copia a Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno y, por ello, presidenta también de la Comisión de Ética.

Esto supone que durante el proceso que estudió este caso no se garantizó el anonimato del denunciante, que es un principio legal de la Unión Europea. Y, además, no se conoce ninguna actuación ni de la consejera ni de la Comisión contra la actuación de este alto cargo o de su abogada.

Se publicó en el BOPV

Se da la circunstancia de que el interés de la abogada por mantener el secreto del caso se rompió cuando en septiembre el Boletín Oficial del País Vasco publicó que «en su Acuerdo 4/2022, de 20 de julio de 2022, la Comisión de Ética Pública propuso dar publicidad al hecho de que, en el supuesto sometido a su consideración, el Director de (...), incurrió en un ‘cumplimiento insuficiente’ del Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco».

Dado que los acuerdos de la Comisión se recogen en su página web, bastó conocer su existencia y su referencia para que produjeran las pertinentes consultas y la sanción saltara a todos los medios de comunicación con el nombre y la foto del cargo público.
Hasta ese momento, no había trascendido nada sobre este tema.

La advertencia En el email con copia a la consejera Olatz Garamendi, la abogada traslada al parlamentario que han tenido conocimiento del acuerdo de la Comisión Ética «respecto al tema planteado por usted respecto a mi patrocinado». Le anuncia que van a adoptar acciones legales para intentar revocar la decisión de la Comisión. Y añade que «se lo hacemos saber para que tome nota de ello».

A continuación, avisa de que «le recordamos el deber de discreción y la evitación de la utilización, difusión o reproducción total o parcial o acciones análogas del acuerdo de la Comisión contra» este alto cargo. Y le amenaza con que, de no acceder a sus exigencias, podría llevar a cabo «las acciones legales oportunas por razón de tales conductas».

Garamendi no respondió

Sabedor de estos hechos, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona preguntó recientemente a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, si está garantizado el «anonimato de las personas que formulan observaciones, consultas, quejas o denuncias presentadas ante la Comisión de Ética Pública», puesto que considera que «es un principio básico».

Pero fue más allá y pidió saber si la persona denunciada conoce la identidad del denunciante y, «en su caso, ¿tiene la consejera conocimiento de algún caso en que se haya roto dicho anonimato?».

En su respuesta al Parlamento, la consejera se aferró al propio texto de la ley que crea este órgano, afirmando que «le recuerdo que los miembros de la Comisión de Ética Pública están obligados a guardar secreto sobre toda la información de la que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de sus funciones; en particular, sobre los hechos examinados, el contenido de las investigaciones y deliberaciones, y las decisiones adoptadas, así como sobre los datos de carácter personal. Igualmente, no harán ninguna declaración pública o privada relacionada con lo señalado y sobre el procedimiento en curso que se trate ante la Comisión».

Sin embargo, la consejera Olatz Garamendi no respondió a la pregunta más directa, la de «¿tiene la consejera conocimiento de algún caso en que se haya roto dicho anonimato?» y que el denunciado conozca la identidad del denunciante.

Propuesta de otro órgano Esta misma semana EH Bildu ha registrado una proposición de ley para sustituir la Comisión Ética, que consideran que no sirve para prevenir ni corregir  casos como los de las puertas giratorias, y su sustitución por «un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes, que es algo que tampoco se cumple en la actualidad».

Tras mostrar preocupación porque no se esté garantizando el anonimato de quienes se dirigen a la Comisión, exige el estricto cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas informantes de las infracciones.

Un cese y dos sanciones en diez años y 83 casos vistos

La tercera sanción es la relacionada con la información que acompaña a estas líneas, y se resolvió con la petición de que se publicara en el BOPV que el alto cargo había incurrido en un «cumplimiento insuficiente» del Código, aunque podría haber supuesto también su cese.

Puertas giratorias En 2021, la Comisión de Ética Pública tuvo que analizar un caso de puerta giratoria: la del consejero de Salud Jon Darpón, su vicenconsejera Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Asistencial Mayte Bacigalupe. Los tres recalaron en el grupo Keralty, multinacional liderada por el empresario Joseba Grajales, algunas de cuyas empresas participadas habían tenido pública relación con la Consejería de Darpón.

Pero la Comisión Ética encontró un razonamiento para quitarse de en medio cuando le pidieron que fijara posición sobre el tema. Determinó que no podía decir nada sobre Jon Darpón o Fátima Ansotegi porque en ese momento ya no eran cargos públicos. En el caso de la subdirectora, apuntó que en ningún caso fue un cargo sometido al Código Ético.

Otro de los casos mediáticos tratados por el CEP fue el de las vacunaciones VIP del Covid-19. Analizó sólo los datos que le remitió la consejera Gotzone Sagardui y llegó a afirmar que «no le corresponde poner en cuestión» las explicaciones que había dado, aunque estaba demostrado que eran parciales y recortadas. Su conclusión fue que «la interesada no ha contravenido los preceptos relativos a los valores, principios y comportamientos recogidos» en el Código.