Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha anulado la exigencia de un nivel C1 de euskara (PL3) para las seis plazas de agente primero de la Policía Local de Eibar, cuyo ayuntamiento está en manos del PSE. Otra sentencia más en la larga cadena de resoluciones judiciales que llevan años tumbando los requisitos lingüísticos en el empleo público de la CAV, que afecta en este caso a una formación reacia a cambiar la Ley de Empleo Público para fortalecer las garantías jurídicas.

El juzgado estima íntegramente el recurso de tres guardias municipales con PL2, representados por el letrado Francisco Ignacio López Lera, contra las bases de la citada convocatoria y contra la resolución que aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos por no acreditar PL3. El mismo abogado representó a las trabajadoras que lograron tumbar la exigencia de euskera para 34 plazas en la empresa pública guipuzcoana Kabia, en otra sentencia de idéntica orientación.

La sentencia del caso, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, considera que el requisito de este perfil lingüístico para la totalidad de las seis plazas ofertadas no aparece «debidamente fundada» en la convocatoria, al tiempo que destaca la «desproporción» de su exigencia respecto de todos los puestos convocados.

Para ello, el juzgado se acoge a la tesis que el TSJPV viene aplicando de forma sistemática. Según esa interpretación, imponer perfiles lingüísticos sin justificación individualizada para cada puesto vulneraría el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad (artículo 23.2 de la Constitución española).

El argumento del tribunal es que exigir euskara a todos los aspirantes sin demostrar que cada plaza lo necesita discrimina a los castellanoparlantes, pero esa misma lógica no se aplica al revés. Además, los tribunales tratan como iguales dos lenguas que parten de posiciones estructuralmente desiguales e ignora el artículo 7.2 de la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, que establece expresamente que las medidas para proteger una lengua minorizada no constituyen discriminación hacia los hablantes de la mayoritaria.

El tribunal señala que lo que está en juego es el derecho a acceder al empleo público «sin discriminación por razón de la lengua», y no el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en el idioma cooficial que prefiera, ni el deber de las instituciones de garantizar ese servicio «mediante la adecuada ordenación y dotación de sus puestos de trabajo».

La sentencia recuerda que 206 de los 275 puestos del Ayuntamiento de Eibar tienen ya la preceptividad vencida en sus perfiles lingüísticos. Es un 74,91% frente al 63,18% que marca la normativa, un porcentaje que se fija como suelo mínimo de normalización según la realidad sociolingüística del territorio, pero que el juzgado interpreta como si fuera un techo.

La resolución judicial anula y deja sin efecto así la citada convocatoria, si bien esta decisión no es firme, ya que se puede presentar un recurso de apelación en su contra.

Nuevo episodio de la ofensiva judicial

En los últimos años el TSJPV ha tumbado convocatorias por sus requisitos de euskara en el caso de Kabia mencionado anteriormente, pero también, por citar algunos casos, en una bolsa conjunta de policía local, en plazas de secretarios interinos, en celadores de la Diputación de Bizkaia o recientemente en dos procesos del IVAP.

Toda esta línea arranca de la STC 85/2023, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Instituciones Locales de la CAV por dar al euskara «uso prioritario» sobre el castellano.

En diciembre de 2025, además, la Sección Tercera del TSJPV, presidida por el juez José Luis Garrido, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco, la norma que obliga a asignar perfil lingüístico a todos los puestos de la administración a partir de recursos del PP y Vox. 

El Ayuntamiento de Eibar está gobernado por el PSE. Su secretario general, Eneko Andueza, natural de la localidad, ha liderado el rechazo de su partido a las proposiciones de ley impulsadas por EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz para reforzar la exigencia del euskara en el empleo público frente a la jurisprudencia.

El pasado 1 de mayo, en un acto sindical celebrado en Bilbo, equiparó dichas reformas con un ataque a los derechos laborales y las situó al mismo nivel que las que, a su juicio, suponen la derecha y la ultraderecha.